El Parlamento Europeo (PE) urgió este jueves a los países de la Unión Europea a que incluyan en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE el derecho a un aborto seguro y legal y el acceso "libre, informado, pleno y universal" a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

La resolución salió adelante por 336 votos a favor, 163 en contra y 39 abstenciones, con el apoyo de los grupos socialdemócrata, liberal, verde, de la izquierda y con una fracción de los populares europeos, mientras que el resto de este grupo se abstuvo o votó en contra y la ultraderecha y los conservadores expresaron su rechazo prácticamente frontal.

Entre los eurodiputados españoles, solo el PP, Vox y dos de los siete eurodiputados de Ciudadanos votaron en contra.

El texto, no vinculante, pide a los Estados miembros de la UE que reformen los tratados de la UE para que la Carta de Derechos Fundamentales pase a incluir en su artículo 3 el derecho de toda persona "a la autonomía física y a un acceso libre, informado, pleno y universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como a todos los servicios sanitarios conexos, incluido el acceso a un aborto seguro y legal, sin discriminación".

La reforma de los tratados, sin embargo, requiere la unanimidad de los veintisiete países de la UE y es improbable que suceda para un asunto como el acceso a un aborto seguro y legal, ya que regularlo es una competencia de los Estados miembros y en cada uno de ellos se hace de forma diferente.

La Eurocámara, no obstante, incide en su resolución en que los derechos sexuales y reproductivos "son derechos humanos fundamentales que deben protegerse y mejorarse", al tiempo que condena "todos los intentos regresivos de restringir o eliminar" los derechos alcanzados hasta ahora o la intimidación a quienes trabajan para proteger este derecho.

El texto urge a los Gobiernos europeos, con menciones especiales a Polonia y Malta -donde este derecho está más restringido-, que garanticen el acceso a una atención al aborto segura, legal y gratuita, a servicios y material de asistencia sanitaria prenatal y materna, a la planificación familiar voluntaria, a métodos anticonceptivos, a servicios adaptados a los jóvenes, así como a la prevención, el tratamiento, la atención y apoyo ante el VIH, sin discriminación.

Los eurodiputados se declararon preocupados por los aumentos de la financiación a grupos contrarios al derecho a un aborto seguro y pidieron a la Comisión Europea que se asegure de que este dinero no viene de fondos europeos, al tiempo que, en el mismo sentido, se aumente el presupuesto público a programas y subvenciones activas en la defensa de este derecho.

Además, urgen a que se garantice el acceso a una educación sexual y sobre las relaciones integral, adaptada a cada edad, así como a métodos anticonceptivos de calidad y asesoramiento en materia de planificación familiar, y que se eliminen "las barreras jurídicas, financieras, sociales y prácticas" al aborto.

Esta misma semana, la Comisión Europea validó el registro de una iniciativa ciudadana europea titulada "Mi voz, mi elección: por un aborto seguro y accesible", cuyos organizadores tienen ahora que conseguir al menos un millón de firmas de apoyo procedentes de siete Estados miembros.

Si lo logran, la Comisión Europea estará obligada a reaccionar y, en el caso de no tomar medidas legislativas, explicar por qué.