El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer por mayoría la controvertida ley de amnistía que borra las penas del denominado procés, en un bronco debate previo cargado de tensión donde destacó la no presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que evitó escuchar las intervenciones de los grupos parlamentarios y sólo llegó en el momento de votar. El de ayer es el penúltimo capítulo de una infamia llevada a cabo por puro interés, como consecuencia de las cesiones que el PSOE ha concedido a los independentistas catalanes para poder contar con su apoyo, primero para la toma de posesión de Sánchez y, después, para garantizar la viabilidad de la legislatura. La gravedad es de tal calibre, pese a que el Gobierno defiende que se inicia una nueva etapa de normalización en Cataluña, que la norma se ha aprobado sin que los secesionistas hayan renunciado a la vía unilateral para conseguir la independencia y sigan poniendo sobre la mesa la necesidad de convocar un referéndum. Tras la publicación a lo largo de los próximos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE), serán los jueces los que tengan la última palabra a la hora de aplicarla, aunque, como anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y varios barones populares, será recurrida en el Tribunal Constitucional.

El 21 de julio del pasado año, dos días antes de que se celebrasen las elecciones generales, Pedro Sánchez admitía con vehemencia en diferentes medios de comunicación que los independentistas catalanes habían reclamado la amnistía y que su Gobierno no se la había concedido ni lo iba a hacer. Muchos ciudadanos españoles acudieron a las urnas pensando que el compromiso del socialista se iba a cumplir y, sin embargo, Sánchez, en un nuevo giro de guion tremebundo, volvía a "cambiar de opinión" y, como él mismo sostuvo, hacía de la necesidad virtud, incumpliendo, una vez más, la promesa que había lanzado en campaña. Una parte de la sociedad salió a la calle para mostrar su malestar, incluso voces relevantes dentro de su propio partido consideraban un error ceder ante aquellos que habían echado un pulso al Estado, con graves disturbios en las calles, forzando la celebración de un referéndum ilegal, rompiendo la convivencia entre catalanes y llegando hasta el punto de escenificar una Declaración Unilateral de Independencia.   

Feijóo, que instó ayer a Sánchez a convocar elecciones y a llevar la amnistía en su programa electoral, manifestó que la aprobación de esta norma supone "el acta de defunción" del PSOE. Habrá que ver qué sucede el próximo 9 de julio, en el que será el primer examen en las urnas con la celebración de las europeas. Los que han ganado, como ellos mismos defendieron ayer, son los independentistas, con una ley que les da alas y entierra unos de los hechos más graves y sonrojantes acaecidos en la historia democrática