La Junta de Castilla y León contará con un órgano mediador en cada servicio territorial de las provincias para reunir a grandes tenedores de viviendas y a personas vulnerables en riesgo de desahucio para facilitar alternativas que eviten la judicialización y el alzamiento de estos últimos.
Así figura en una de las enmiendas, en concreto la número 30, que los Grupos Parlamentarios PP y Vox han presentado a la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes y que, previsiblemente, se aprobará en el debate sobre la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que se desarrollará en el Parlamento autonómico junto al de aprobación de la Ley de Presupuestos de 2024.
Se trata de una nueva disposición adicional a la Ley de Derecho a la Vivienda de Castilla y León, que incluye un procedimiento de mediación previo a la admisión de las demandas de desahucio que hagan los grandes tenedores de vivienda cuando el inquilino sea un ciudadano en situación de vulnerabilidad económica.
Así, cuando el propietario vaya a iniciar el proceso de demanda, deberá acudir antes al órgano mediador de la Junta en cada provincia, que deberá a su vez notificar a la persona susceptible de ser demandada la información sobre su situación y el proceso a seguir, incluyendo la petición de su conformidad para participar en el procedimiento de mediación y su autorización para que el servicio competente en materia de asistencia social acceda a sus datos económicos y demás circunstancias de carácter personal que acrediten su situación de vulnerabilidad.
Una vez preste su conformidad, se pedirá al servicio competente en materia de asistencia social del ayuntamiento o diputación provincial de referencia que acredite dicha vulnerabilidad y, si esta se confirma, el órgano mediador citará a las partes para celebrar una sesión tras la que deberá proponer alternativas viables para cada situación, orientando a propietario y persona en situación de vulnerabilidad a la adopción de acuerdos.
Tras ello, el órgano mediador realizará un informe que será facilitado a las partes y al tribunal que tramitará la demanda en el que se incluirán los acuerdos y las posibles ayudas y subvenciones existentes en materia de vivienda a las que se podrá acoger la persona en situación de vulnerabilidad. El acta contará con una vigencia de tres meses.
De esta forma, y según acreditan ambas formaciones en su enmienda, se da respuesta a los "desafíos planteados" por la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, como se hace con la ampliación a los 36 años, incluida en la misma enmienda, de la edad para acceder a una vivienda joven, que "armoniza y coordina la actuación de las administraciones públicas en la materia", debido a que otras normas reguladoras de ayudas para jóvenes amplían hasta esa edad la categoría de persona joven.
Somacyl para el fomento del acceso a la vivienda
Los Grupos Parlamentarios de PP y Vox también incluyeron otra enmienda relativa a vivienda entre su batería para modificar la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, con el objetivo de ampliar el objeto social de Somacyl y extenderlo a los programas y otras formas de fomento de acceso a la vivienda.
Así, PP y Vox plantean modificar el apartado del objeto social de la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) para incluir entre sus funciones "fomentar, promover, construir, enajenar y arrendar viviendas acogidas a algún régimen de protección pública o incluidas en programas de fomento de acceso a la vivienda".
Para ello, la enmienda incluye que Somacyl podrá "conceder garantías u otras ayudas que permitan reducir el coste financiero en operaciones de crédito formalizadas con entidades financieras". De esta forma, según ambos grupos, la Junta "dispondrá de un instrumento para llevar a cabo una política activa de vivienda", permitiendo extender la política pública de vivienda "de forma notable, especialmente entre los jóvenes".