Con la ley de amnistía recién aprobada pero aún con muchos interrogantes sobre sus efectos inmediatos y plazos de aplicación, el futuro político de Carles Puigdemont podría parecer que, a priori, se enfrenta a una encrucijada: ¿dar un paso atrás para ayudar a renovar los liderazgos en el independentismo o volver a la primera línea institucional? Pero, el expresidente prófugo no es un hombre de medias tintas y ya ayer, con el perdón al procés bajo el brazo, dejó muy clara su hoja de ruta: esto no ha hecho más que empezar.
Para Puigdemont, que la norma haya salido adelante implica que el Estado ha corregido un «error» que permitirá, a su juicio, negociar con mayor igualdad. Así lo mantuvo en una declaración telemática sin la presencia de medios desde Waterloo (Bélgica), en la que constató que la ley de amnistía formaba parte del acuerdo de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
«Esto nos enseña que, por más que cueste tiempo e incomprensiones, hay que mantener la posición y saber aprovechar las oportunidades» más allá de los sacrificios e incertidumbres que pueda haber, subrayó el también candidato de Junts+ a las elecciones catalanas.
Y es que, como mantuvo, él mismo lleva seis años y medio viviendo fuera de España junto con otras personas, lamentado así que lleven «el estigma de la persecución judicial, la marca de los señalados por los poderes del Estado, incluidos sus principales partidos».
No es de extrañar, entonces, que piense regresar a España, en virtud de la norma que impone el olvido al procés, y, ya de paso, recuperar la batuta de un Govern que, siempre defendió, le «arrebataron ilegítimamente con la aplicación del artículo 155 en 2017». Y eso que Puigdemont no ganó las elecciones del 12 de mayo, aunque se agarra a una carambola aritméticamente posible -apoyo de ERC y CUP y al menos abstención del PSC- para seguir aspirando a la investidura.
En realidad, sus posibilidades son mínimas, porque los socialistas no contemplan otro escenario que no sea hacer president a Salvador Illa, según aseguran en Ferraz.
Lo que está claro es que, sea o no sea Puigdemont quien opte finalmente a ser jefe de la Generalitat, él ha prometido regresar a Cataluña el día que se celebre el primer debate de investidura, incluso a riesgo de ser detenido si el juez del Supremo Pablo Llarena no ha retirado la orden de arresto que mantiene contra él.
En campaña, el dirigente de Junts aseguró que, si no recuperaba la batuta del Govern, renunciaría al acta de diputado en el Parlament, porque no quería rebajar la figura de un expresident a ejercer de jefe de la oposición. Sin embargo, con los comicios ya pasados, todavía no está claro si dejará la política -más de una vez ha sugerido que, tras siete años en el ojo del huracán, merecería poder tomarse un respiro- o seguirá ejerciendo como hasta ahora su influencia, entre comillas, en la sombra, desde la sala de mando de JxCat.
Mientras tanto, su liderazgo en JxCat continúa siendo indiscutido pese a no ostentar ningún cargo orgánico en este momento, una paradoja que dirigentes del partido quieren resolver en un próximo congreso que devuelva a Puigdemont un puesto de máximo relieve en la dirección.
Incógnita del calendario
Hay un factor clave que condicionará la estrategia personal de Puigdemont: si en el plazo que va desde ahora hasta el mes de agosto fracasan los intentos de articular una mayoría suficiente para una investidura, habrá repetición electoral en octubre. En ese caso, si se confirma el levantamiento de la orden de detención, podría volver a presentarse, con el matiz de que seguramente haría campaña desde Cataluña y apelaría más que nunca al voto útil independentista frente a Illa.
Otro escenario es que el mandato judicial de arresto siga vigente, con lo que de volver sería puesto a disposición de la Justicia. Una posibilidad que se antoja remota, y ante la que todavía cuenta con la baza de sus siete diputados en el Congreso. Los mismos que han dado luz verde a la ley de amnistía.