Las viviendas y apartamentos turísticos proliferan en la capital y otros puntos de la provincia, pero en El Burgo de Osma ha saltado la voz de alarma porque se contabilizan más de 30 alojamientos de estas características, con casi 300 plazas, lo que reduce la oferta de vivienda para jóvenes que desean emanciparse y para trabajadores de los sectores hortofrutícola y hostelero, principalmente, que quieren establecerse allí. En viviendas, hay 241 en la provincia, destacando las 125 de la capital y las 21 de El Burgo; y, en apartamentos, de los 39 totales, están a la cabeza la villa burgense, con diez, y la ciudad y Vinuesa, con cinco establecimientos cada una, según el registro de la Junta de Castilla yLeón, administración que otorga las licencias. En algunos casos son viviendas familiares reconvertidas para un uso turístico, en otros empresas hosteleras que amplían la oferta en la zona (a veces para el uso de los propios trabajadores) o inversores de El Burgo que inician un negocio o incluso de fuera con deseos de expandir sus negocios en varias provincias. En estos alojamientos, los clientes reservan este tipo de viviendas en portales de internet y acceden a través de un código. 

Este es uno de los Pueblos más Bonitos de España y uno de los más turísticos de la provincia por su riqueza patrimonial, natural y gastronómica, recibió 45.414 visitas a la oficina de turismo en 2023, aunque muchos comensales de las Matanzas del Virrey, que son unos 10.000 en cada edición, no pasan por allí y no se contabilizan. «Todos los establecimientos funcionan bien», reconoce el alcalde, Antonio Pardo, y el ayuntamiento apuesta firmemente por el sector, destinando al mismo gran parte del presupuesto anual. Al mismo tiempo, se vuelca en mantener la población, que ha superado ya los 5.100 habitantes. En la Inmobiliaria Romero confirman que actualmente «no hay vivienda en alquiler», a pesar del interés de trabajadores temporales que les consultan. En Idealista no hay ninguna oferta y en Fotocasa dos, por encima de 500 euros.

licencias y tasas. Pardo explica que el ayuntamiento no tramita las licencias de actividad, al no ser su competencia, y tan solo recibe información de la Junta cuando se concede autorización de uso turístico a los propietarios. Sin embargo, tienen previsto contactar con ellos para contar con un registro de estos alojamientos y tramitar las licencias, «porque el uso turístico de una vivienda habitual supone gestión económica». Además de los «deberes fiscales» con otras administraciones, en el ámbito municipal no se generan impuestos pero sí hay tasas de servicios de agua, alcantarillado, depuración, basura... que no son iguales para un domicilio particular que para una actividad económica. 

 Sobre cómo afecta a la oferta de vivienda, aunque el ayuntamiento no tiene competencias, sí que se estudian mecanismos para intentar mejorarla. «Hay mucha gente que quiere residir en El Burgo, generar una actividad económica... y se encuentra con inconvenientes a la hora de encontrar vivienda. Nos lo comunican, pero el ayuntamiento poco margen tiene», lamenta. Una solución sería promover vivienda de alquiler o venta, pero como planteamiento a largo plazo -como ya se hizo con anteriores planes de vivienda de la Junta- y analizando otras cuestiones. El Burgo cuenta con un PGOUpara el desarrollo de suelos urbanizables, con un número determinado de superficies y de espacios para la construcción de vivienda pública y si hay constructores privados interesados. «Estamos dentro de un abanico de posibilidades y ahora mismo sí que hay desarrollos urbanísticos en la localidad que pueden generar ese tipo de espacios para la construcción de viviendas», concreta el alcalde respecto a las tramitaciones y las previsiones. Los ayuntamientos como el de El Burgo, lamenta, no cuentan con un parque de viviendas para poder poner a disposición de interesados. 

Además, hay muchas viviendas en ruina.Para las del casco histórico, el ayuntamiento plantea volver a revisar el catálogo de edificios protegidos del PGOU (en 2005 se incluyó a más de 140 con protección ambiental y estructural) para negociar con la Comisión de Patrimonio de la Junta que se reduzca el nivel de protección. «El problema que nos trasladan los vecinos es que si no se pueden tocar las fachadas, muchas de ellas sin valor artístico, es un gran inconveniente a la hora de rehabilitarlas porque el coste es mucho más alto», así que aboga por un proyecto de sustitución de las mismas manteniendo las recomendaciones. En cuanto a las viviendas fuera del conjunto histórico, hay muchas en ruina en los pueblos agregados e incluso con los titulares ilocalizables, pero el ayuntamiento no llega a tramitarlas. 

Con el código de mantenimiento y conservación de inmuebles de más de 40 años de la nueva Ley de la Vivienda, el ayuntamiento requerirá las inspecciones a los propietarios. Con estas medidas, «entendemos que en los próximos años se conseguirá mantener los edificios en buen estado». Sobre la demanda de alquiler, apunta que en temporada de recogida de fruta es Nufri la que pone a disposición de 600-700 trabajadores viviendas acondicionadas junto a las explotaciones. «Si quisieran alquilar en el pueblo sería muy complicado por la escasa oferta», concluye el alcalde.