La Comisión de Salud Pública ha aplazado a noviembre su decisión sobre el plan de medidas para afrontar la próxima temporada de infecciones respiratorias al no haber llegado un acuerdo sobre el borrador en el que el Ministerio de Sanidad proponía, entre otras, un endurecimiento gradual del uso de mascarilla.
Así lo han informado a fuentes autonómicas presentes en la reunión de este jueves, en la que los directores generales han analizado el documento Evaluación del riesgo y recomendaciones para el control de las infecciones respiratorias agudas con el que Sanidad quería lograr un consenso para mitigar el impacto de las infecciones respiratorias este otoño e invierno.
En él, la Dirección General de Salud Pública planteaba cuatro escenarios posibles de riesgo (0, 1, 2 y 3) en función de determinados indicadores -como la tasa de incidencia, hospitalizaciones e ingresos UCI y ocupación de camas, entre otros-, en los que aplicar una serie de actuaciones homogéneas en todas las autonomías, aunque con la puerta abierta a que cada una añadiese otras nuevas según su situación.
Una de esas medidas es el uso de mascarilla, que Sanidad recomienda en todos los escenarios, aunque con una ampliación gradual de su uso según vaya empeorando la situación epidemiológica.
El origen de este documento se fraguó en el anterior pico de infecciones respiratorias, en el que el Ministerio acabó imponiendo el uso de mascarillas en todos los centros sanitarios del país, una intervención que el Ministerio no quería volver a repetir, según ha comentado varias veces su responsable, Mónica García.
A partir de ahí, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) invitó a las comunidades a participar en la elaboración de una estrategia conjunta para evitar otro año más de colapso del sistema ante el aumento de los casos.
Invitación a la que respondieron Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Extremadura, Murcia, la Comunidad Valenciana y La Rioja, que desde entonces han ido perfilando este plan de actuaciones comunes a lo largo de las cuatro reuniones que han tenido a lo largo del año con el CCAES para hacerlo.
Sin embargo, tras estudiarlo, algunos de los directores generales consideran que el plan está poco maduro; otros han cuestionado algunas de las recomendaciones como la de dar cinco días de baja a los trabajadores de centros residenciales contagiados que no puedan ser reubicados en otros puestos mientras les dure la infección y hay algunos que han criticado la falta de rigor y la improvisación.
Es por todo ello que se han citado para una nueva reunión extraordinaria el próximo mes de noviembre, en el que intentarán cerrar finalmente un documento que, no obstante, deberá pasar después el filtro de los consejeros en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.