La economía española es como un barco que no termina de salir de una adversa tempestad. Después de una crisis viene otra más fuerte y, lejos de fortalecerse como lo han hecho otros países vecinos como Irlanda, aquí la recuperación lleva un ritmo más lento. Así, por ejemplo, el tigre celta viene registrando un fuerte crecimiento que no se detuvo ni siquiera durante la pandemia. Mientras el resto de economías se hundían, Irlanda repuntó un 6,2% en 2020. Al año siguiente, se expandió un 13% y, en 2022, se disparó un 12%, en comparación con el 3,5% de la media de la eurozona.

España fue el último Estado del bloque comunitario que recuperó los niveles de crecimiento del PIB previos a la crisis en 2023 y, sin embargo, el sistema económico nacional se encuentra en una situación de mayor debilidad según certifican indicadores como la inflación que mientras en la UE bajó en octubre al 2,9% aquí cerró en el 3,5%, o la tasa de parados que es casi el doble con un 11,8% frente a un 6,5% de la UE.

Los datos que se publican no convencen a muchos economistas que ponen en duda las estadísticas oficiales tras las constantes revisiones que se han llevado a cabo en los últimos años modificando los parámetros de medición como ocurre, por ejemplo, con las cifras de parados y de fijos discontinuos, que ocultan una posible estanflación maquillada con el impulso del sector público.

En este contexto de incertidumbre, la demanda de los hogares apenas crece un 3%, tres veces menos que el consumo de las Administraciones públicas. Lo mismo ocurre con las inversiones que han vuelto a cifras negativas (-0,8% trimestral) o también el sector de la construcción que se ha desplomado el último año a un ritmo del 2,2%. Por su parte, las exportaciones e importaciones de bienes se hundieron un 4% y un 3,1% respectivamente, en términos trimestrales.

Los expertos señalan que lo que está tirando en el crecimiento del PIB es la inversión pública, que aumentó un 3% interanual hasta septiembre con una presión fiscal que incrementó su recaudación un 8,2%. 

En este escenario, la riqueza nacional en los tres primeros trimestres aumentó un 1,8% frente a los impuestos que se elevaron un 8,2%, lo que no deja dudas para los economistas que estamos ante un sistema extractivo. También se han elevado los costes laborales un 5,9% y, como consecuencia de todo lo anterior, la productividad por puesto de trabajo se desplomó hasta septiembre un 1,6% con respecto a 2022. 

La paradoja en este escenario es que mientras desde el Gobierno en funciones se habla de reducir la jornada a 37,5 horas semanales, por el contrario, dos millones de empleados sostienen que querrían trabajar más horas al día, y un buen número de empleados con contratos fijos discontinuos están a la espera de que les llamen para trabajar y poder cotizar a la Seguridad Social.

Precariedad

Los economistas denuncian que, como ocurre en otros indicadores económicos, existe un fraccionamiento que oculta la verdadera realidad con estadísticas distantes de la realidad mientras empeora la situación del país. Lo que es evidente es que si se trabajan menos horas y disminuye la productividad, la consecuencia más inmediata es la precariedad salarial.

A pesar de esta realidad, las previsiones de crecimiento de España del Consejo General de Economistas (CGE) se mantienen sin cambios para 2023 y lo sitúan en el 2,3%, pero recortan la de 2024 hasta el 1,5% alertando que vienen curvas.

En lo que respecta a la inflación, advierten que los conflictos geopolíticos «pueden incidir aún más en el precio de la energía, haciendo que éste se incremente» y repercuta de forma negativa en la recuperación.

Una situación que pone de relieve la necesidad de aplicar medidas estructurales, especialmente, en sectores como el público, mejorar la fiscalidad, y aprobar una hoja de ruta para que España mantenga su fortaleza a lo largo de las próximas décadas.