Los franceses lo tienen muy claro. Ante una polémica envenenada o una situación que se va de las manos, cherchez la femme. Busque a la mujer. La esposa, amante, hija, madre o simplemente amiga. En la mayoría de las ocasiones, en esas polémicas o situaciones inexplicables, una figura femenina es la clave.

En la España actual, tres mujeres se encuentran en el foco de la noticia, Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez; Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, y Eva Cárdenas, mujer de Alberto Núñez Feijóo. Y con dos más que echan leña al fuego, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Una importante aliada de Pedro Sánchez para promover desde su cargo las iniciativas parlamentarias que convienen al líder socialista.

El caso Koldo, que implica directamente al exministro José Luis Ábalos, en tiempos hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez, provocó que en las filas sanchistas se hurgara en las cuentas y actividades del PP para que pasaran a segundo plano las informaciones sobre los negocios que giraban en torno a Koldo García. Los medios de comunicación que investigaban sobre él encontraron un nombre inesperado: Begoña Gómez. La mujer del presidente, con estudios de marketing, que fue contratada por el Instituto de Empresa -una prestigiosa escuela de negocios- que a través de su fundación creó el Africa Center para que lo dirigiera Gómez. Contaba con el patrocinio de Globalia-Air Europa, de la familia Hidalgo, que a su vez estaba vinculada con el comisionista que, en colaboración con Koldo, había montado una red para comprar mascarillas durante la pandemia. 

El nombre de Begoña Gómez se vincula al caso Koldo cuando el Gobierno rescata a Air Europa con una cifra cercana a 500 millones de euros, y se descubre que precisamente en las fechas en las que se decide sobre el rescate, la mujer de Sánchez se reúne al menos en dos ocasiones con Javier Hidalgo.

Montero, la filtradora

La indignación en las filas socialistas por acusar sin pruebas a Begoña Gómez, y no respetar su presunción de inocencia, se traduce en una lucha sin cuartel contra la mujer más poderosa del PP, Isabel Díaz Ayuso, cuya pareja, Alberto González, estaba siendo investigada por la Agencia Tributaria por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental. 

La información la facilitó la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo que provocó un escándalo en la misma Agencia Tributaria porque los datos de los contribuyentes son secretos y su revelación, delito. Montero alegó que el dato lo había conocido a través de un medio de comunicación, lo que se demostró falso porque la vicepresidenta lo había dado cinco horas antes que el periódico digital.

Los propios inspectores de Hacienda se han encargado de explicar que los controles en este departamento son exhaustivos, minuciosos, y cuando algún inspector encuentra algún indicio de delito lo traslada de inmediato a la Fiscalía para que actúe en consecuencia. A partir de ese momento la responsabilidad sobre el secreto pasa precisamente a esta autoridad judicial.

Desde el primer momento, Ayuso intentó separar las actividades de su pareja de su propia trayectoria, y puso el acento en que Alberto González nunca había tenido relación profesional con la comunidad de Madrid, y llevaba más de 20 años trabajando en la rama sanitaria. 

Por parte del Gobierno se acusó a la presidenta de residir en un piso pagado con dinero fraudulento, y se vio obligada de nuevo a señalar que ella vivía en el inmueble de su pareja y que no había invertido en él. El propio Sánchez la acusó de tener dos pisos de dos millones de euros, insistiendo en centrar las responsabilidades en Ayuso. 

Cruce de acusaciones

Alberto González Amador, divorciado y con tres hijos, tiene una residencia en propiedad de casi 200 metros en Chamberí, donde vive con Ayuso, y ha alquilado otro en el mismo edificio. Pero el Gobierno y el PSOE mantienen la acusación contra Díaz Ayuso, a la que consideran corrupta. En una manifestación ante la sede del PP en la calle Génova, unos centenares de personas pidieron su dimisión como presidenta y, también, la llamaron «asesina» por las muertes en residencias de mayores en Madrid durante la pandemia. 

La Fiscalía de Madrid presentó una denuncia contra González Amado y el pasado viernes, el Juzgado de Instrucción número 19 le imputó, junto a cuatro personas más, por dos delitos contra la Hacienda Pública y un tercero por falsedad documental.

Todo ello en un ambiente enrarecido por acusaciones a la presidenta madrileña y a su jefe de gabinete por amenazas a periodistas, pero también acusaciones del PP y del Colegio de Abogados de Madrid de filtración de datos secretos por parte de la Fiscalía; entre ellos el intercambio de mensajes entre el abogado de González y la Agencia Tributaria para llegar a un acuerdo sobre el pago de las cantidades debidas a Hacienda. Acuerdo que habitualmente buscan los acusados por fraude.

Mejor parada ha salido la mujer de Alberto Núñez Feijóo. Eva Cárdenas, empresaria de largo recorrido, directora y creadora de Zara Home, cargo al que renunció cuando el líder popular era presidente de la Xunta, fue contratada por Sargadelos para diseñar una política de potenciación de la firma gallega de porcelana. Cargo al que también renunció cuando Feijóo fue elegido presidente nacional del PP.

Esta semana, en uno de los debates más broncos que se han conocido en el Congreso, la ministra Montero acusó a Feijóo de que la Xunta había subvencionado a la firma en la que trabajaba su mujer, y añadió que «hay más cosas», mientras Sánchez, en el escaño de al lado, asentía con la cabeza. 

La información, publicada por Infolibre, la desmentía el propio diario digital horas más tarde. Había sido un malentendido: Cárdenas trabajaba para la Fábrica Sargadelos, y la Xunta había subvencionado al Real Patronato de Sargadelos, sin vinculación con la Fábrica.

En cuanto al «hay más cosas», habrá qué esperar a las informaciones que tenga la vicepresidenta del Gobierno, y si son ciertas. De momento no las ha desvelado.

El PP, mientras tanto, carga contra la mujer de Pedro Sánchez, centrando sus investigaciones, y sus preguntas al Gobierno, en la treintena de viajes que ha realizado a la República Dominicana en aviones oficiales sin que se conozca el motivo; y también en las razones por las que ha acompañado al presidente, fuera de agenda oficial, en visitas a países en los que tiene intereses Africa Center, el organismo del IE que ella dirige.

En los próximos meses se celebran tres elecciones de máxima relevancia, que puede poner en jaque el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La guerra contra el Partido Popular es sin cuartel, pero el partido de Feijóo no se ha quedado de brazos cruzados. Además del debate estrictamente político, las acusaciones sobre corrupción empañan el escenario, cada vez más desagradable. Y en ese fuego cruzado, tres mujeres se están viendo afectadas.