Tic, tac. Ha comenzado la cuenta atrás para sacar del congelador unas Cuentas que llevan meses en vía muerta después de que el pasado marzo Pedro Sánchez ordenase al Ministerio de Hacienda frenar su negociación por el adelanto electoral en Cataluña y el nuevo paisaje abierto.

Ahora, el Gobierno ha activado el cronómetro para dar luz verde a los Presupuestos Generales (PGE) de 2025 con una orden ministerial ya publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que la Cartera de Hacienda active un proceso parecido a un vía crucis que se alargará durante varios meses. 

Y ha dado el pistoletazo de salida atendiendo a tres variables que condicionarán los dineros a poner encima de la mesa: la severa normativa fiscal de la Unión Europea que exige un equilibrado ajuste al proyecto de ingresos y gastos; unos apoyos parlamentarios en el aire más allá de los vinculados a la coalición que forman PSOE y Sumar; y el escollo del Senado con la mayoría del PP que (al margen de las maniobras del Ejecutivo para recortar su poder de veto) podría entorpecer todo el trámite parlamentario.

En este escenario, con todo el bloque independentista extendiendo la mano para pedir un nuevo pago a su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, la titular de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha comenzado la tramitación después de que el Gobierno decidiera prorrogar las Cuentas de 2023 ante la falta de apoyos en el Congreso para sacar otro Presupuesto. 

En lo que respecta a las negociaciones de los diferentes grupos parlamentarios, Montero adelantó que esto «tocará después del verano», y confía en que todos los grupos «realmente tengan en cuenta que España necesita unos nuevos Presupuestos que supongan un avance. «Cuento con que su predisposición va a ser positiva», sugirió de cara a este proceso.

Tras la publicación de la orden ministerial en el BOE, a las diferentes carteras les quedan por delante unos pocos días para diseñar sus partidas y remitirlas al departamento encabezado por Montero, que afirmó que la propuesta final pondrá «a las personas en el centro de nuestras Cuentas Públicas». 

Además, la socialista apuntó que la relación contará con «todos los elementos que van a impulsar el tejido productivo, la competitividad y la consolidación de los derechos».

Se trata del primer proyecto presupuestario que elaborará el Gobierno tras la entrada en vigor de las nuevas normas fiscales europeas, marco en el que el cumplimiento de la senda de gasto neto aparece como la regla principal y que debe ser recogida en el nuevo plan fiscal estructural nacional a medio plazo que los Estados miembros deberán presentar al Consejo y a la Comisión Europea en otoño de este año. 

De hecho, antes de presentar las Cuentas, el Gobierno tiene que «seguir hablando con Europa» para definir «cómo se plasman las reglas fiscales», que han sido renovadas, un acuerdo que recogerá el plan que se remitirá a Bruselas en septiembre próximo.

Tras casi cuatro años de manga ancha para hacer frente a las crisis con amplios programas de estímulos de gasto millonario por la pandemia, primero, y la inflación, después, ahora llega un proceso de mayor contención en la UE.

El Gobierno explicó en la orden publicada días atrás que el ciclo presupuestario de 2025 continuará afectado por el complejo entorno geopolítico, donde los conflictos tanto en Ucrania como en Oriente Próximo «pueden suponer perturbaciones en los mercados internacionales, algunos particularmente sensibles como son los energéticos».

Según el Ejecutivo, los Presupuestos para 2025 darán continuidad a la política económica «responsable y coherente» que ha desarrollado el Gobierno en estos años, «impulsando la prosperidad y la competitividad económica, con una reindustrialización del país estratégica e inteligente que genere empleos de calidad, así como el blindaje y refuerzo del Estado del Bienestar y la defensa de la justicia social, de la cohesión territorial, de la igualdad de género y de la sostenibilidad medioambiental».

El criterio de la AIReF

Hacienda subraya, además, en esta orden, que al proceso de elaboración de los PGE de 2025 se incorporarán las conclusiones y recomendaciones formuladas en los procesos de revisión y evaluación del gasto público o spending reviews llevados a cabo por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Al mismo tiempo, incluirán por primera vez un nuevo enfoque denominado «dimensión marrón» en el informe de alineamiento con la transición ecológica. Esta dimensión se incorpora a otros análisis transversales ya existentes como el informe de alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de impacto de género y del impacto en la infancia, la adolescencia y la familia, así como a la información presupuestaria sobre la juventud y sobre las actuaciones referentes al reto demográfico y a la lucha contra la despoblación.

Vivienda, sanidad, educación

El objetivo de los Presupuestos de 2025 es seguir impulsando la competitividad, la reindustrialización estratégica del país, así como reforzar el Estado del Bienestar y la cohesión territorial.

Los criterios prioritarios para la asignación de recursos incluyen, por ejemplo, aumentar el parque público de vivienda para alquiler asequible, potenciar la educación de 0 a 3 años, fortalecer la I+D+i, impulsar la atención primaria o reforzar la lucha contra la violencia machista, reforzar la política de empleo.

Asimismo, se pretende fomentar un sector primario moderno y sostenible, dotándolo de ayudas para la innovación, formación y asesoramiento o avanzar en un mayor bienestar para el conjunto de la ciudadanía, adoptando medidas eficaces para el mantenimiento de precios justos de los alimentos y la energía, garantizando la sostenibilidad de las pensiones o blindando la universalidad del Sistema Nacional de Salud.

También contarán con la contribución del Plan de Recuperación, cuya implementación sigue a «buen ritmo», según el Gobierno, con la reciente aprobación de la Comisión Europea del cuarto desembolso.

Una vez que Hacienda conozca las necesidades de gasto de los ministerios, presentará el informe del techo de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, que tendrán que remitirse a las Cortes para su aprobación entre septiembre y julio.