El Sindicato Veterinario de Castilla y León acusó a la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de utilizar una orden «inconsistente» para «apartar» a los jefes de sección de Sanidad y Producción Animal de sus funciones. A su juicio, tras «varios intentos de flexibilización» de las medidas sanitarias vigentes en materia de sanidad animal, incluida la «polémica» Resolución de 10 de mayo de 2023, que «tuvo que ser enmendada por el propio Ministerio de Agricultura por vulnerar gravemente la normativa comunitaria y estatal», finalmente la Consejería de Agricultura optó por la publicación en el portal de Gobierno Abierto de una propuesta de orden por la que «se estructuran en Castilla y León los planes y programas relativos a la gestión de la sanidad animal». En este sentido, el sindicato avanzó ayer la presentación de una serie de alegaciones que «ponen de nuevo en evidencia la falta de rigor y la superficialidad con la que la Junta está tratando los temas de sanidad animal», informa Ical.

La propuesta de orden, que ya ha sido cuestionada por los jefes de Sección de Sanidad y Producción Animal ante la Consejería de Agricultura y la propia Inspección General de Servicios de la Consejería de la Presidencia, «de nuevo quebranta todos los principios básicos de la epidemiología veterinaria». Según denuncian, este documento «ignora los tres aspectos clave de la sanidad animal con relación a la viabilidad de las explotaciones», que son «la evidencia de que la enfermedad contagiosa desborda y traspasa los límites de la explotación individual»; «la evidencia de que las enfermedades animales son verdaderas barreras sanitarias en el comercio pecuario»; y, por último, que la «sanidad animal constituye la esencia misma de la ganadería, ya que representa el factor común de todas las operaciones a desarrollar en sus tres ciclos».

En las alegaciones, el sindicato considera «innecesario e injustificado» sustituir la normativa actual en vigor y publicar una nueva orden, dado que es «suficiente con actualizar varias cuestiones de la vigente normativa para mejorar los planes y programas que gestionan la Sanidad Animal de Castilla y León». Y en segundo lugar, exponen que el articulado es un «flagrante ataque a los cimientos de la Sanidad Animal, pues no tiene en cuenta aspectos fundamentales de la epidemiología moderna, ni del concepto 'One Health'».