Coches deportivos, embarcaciones, móviles de última generación, oro, joyas de lujo, son sólo algunos de los caudales en negro que maneja ese imperio en la sombra que es el crimen organizado. La lucha para combatirlo es constante pero únicamente en torno al uno por ciento de los bienes y ganancias procedentes estas mafias consiguen finalmente ser decomisados y adjudicados al Estado, una cifra «desmoralizante» que ahora intenta ser aumentada con nuevos instrumentos legales procedentes básicamente de la Unión Europea.

Así lo detalla el fiscal de sala de Cooperación Penal Internacional, Francisco Jiménez Villarejo, apuntando que la principal dificultad a la que se enfrenta cualquier operador jurídico en la lucha contra estas redes es disminuir la «enorme diferencia» existente entre las ganancias delictivas y lo que se embarga y recupera finalmente.

«Las estadísticas son desalentadoras: se estima -agrega- en unos 139 billones de euros la media de las ganancias delictivas en la Unión Europea. Y, sin embargo, se embarga el dos por ciento y se consigue finalmente decomisar y que se venda, reparta y adjudique al Estado un uno por ciento».

Ése es el «gran vacío», asevera Jiménez Villarejo, que, no obstante, apuntó un pequeño rayo de esperanza al referirse a la aparición en los últimos años de nuevos instrumentos legales en el Derecho, «sobre todo a partir del inicio del siglo XXI», procedentes muchos de ellos de transposiciones de decisiones marco o directivas europeas, como el reglamento de recuperación de activos desde el punto de vista transnacional, que es de imposición inmediata.

Se trata, explica, del primer instrumento europeo de este tipo que tiene que ser aplicado directamente por los fiscales y jueces españoles, lo que genera «muchas dificultades», de ahí que se apueste por la formación de los operadores jurídicos a través de jornadas específicas para mejorar la eficacia en estos campos.

En estas cumbres judiciales, numerosos fiscales de España especializados en narcotráfico abordan cuestiones como la conservación y administración de los bienes intervenidos en causas penales relacionadas con el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas, la corrupción o las estafas.

La Fiscalía General del Estado se refirió días atrás expresamente a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (Orga), un órgano estatal creado hace unos años en Algeciras (Cádiz) y cuya función es auxiliar a los órganos judiciales en la recuperación y administración de las pertenencias intervenidas en operaciones vinculadas a los delitos más habituales del hampa.

El espíritu de este organismo es atacar al crimen donde más le duele, es decir, actuar contra los bienes ilícitos para acabar con la productividad de las bandas organizadas.

Aunque funciona «muy bien», según se advierte, han detectado que se puede mejorar su operatividad, para lo que han organizado encuentros como el celebrado días atrás en Granada, donde tiene su sede la Fiscalía Superior de Andalucía, cuya titular, Ana Tárrago, aludió a la situación del crimen organizado en esta comunidad.

Durante el último año, en Andalucía se han llevado a cabo hasta 854 intervenciones relacionadas con acciones ilícitas de las mafias, de las que un tercio derivaron en investigaciones de blanqueo de capitales, según detalló la fiscal andaluza.

Además, ha aumentado el volumen de intervenciones de armas «hasta fusiles de asalto», y se está dando la circunstancia de que en provincias como Almería y Cádiz hay «vigilantes armados en los invernaderos y cultivos de plantas de marihuana».

La magistrada se refirió al plan especial contra el narcotráfico impulsado en 2018 por el Ministerio del Interior en el Campo de Gibraltar y extendido posteriormente al resto de provincias costeras andaluzas y a Sevilla, que ha permitido aumentar las detenciones y los decomisos de alijos de droga.

«Pero hay que acabar también con los entramados patrimoniales», algo que genera muchas dificultades por la volatilidad de los bienes y el difícil acceso cuando se trata por ejemplo de las criptomonedas, cada vez más presentes en el patrimonio que manejan las organizaciones criminales, expuso Ana Tárrago.