Debería ser la semana de Begoña Gómez, citada para declarar ante el juez Peinado el próximo viernes. Pero a lo mejor no es la semana de Begoña Gómez porque su abogado, el ex ministro Antonio Camacho, está centrando todo su esfuerzo -como haría cualquier profesional- en que la esposa del presidente de gobierno no tenga que pasar por ese trance de responder ante un juez por las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias.
Cuenta Camacho con varios elementos a favor de que no tenga que declarar su clienta: uno, el reciente fallecimiento de su padre, Gómez: podría alegar razones personales para aplazar la comparecencia. Segunda y más probable, como la Audiencia Provincial ha determinado que corresponde a la Fiscalía Europea investigar los asuntos relacionados con el uso de los fondos europeas, Begoña Gómez no tiene que ser investigada por el juez Peinado, que explica que la Fiscalía de la UE efectivamente tendría que investigar el uso de los fondos que concede Bruselas a los países miembros, pero a la justicia española corresponde la investigación sobre los otros asuntos presuntamente delictivos en los que podría estar implicada Begoña Gómez. Por otra parte, la investigada o imputada podría solicitar su derecho a no declarar. En resumen, que Begoña Gómez está convocada para comparecer el próximo viernes ante el juez Juan Carlos Peinado, pero podría librarse de hacerlo.
Nada que objetar, excepto que se trata de la mujer del presidente de gobierno, un político que desde la oposición lanzaba insistentes proclamas contra la corrupción, ganó una moción de censura acusando de corrupto al entonces presidente y lleva semanas prometiendo una ley de regeneración que, por lo que trasciende, tiene como principales destinatarios a los jueces y periodistas empecinados en investigar a miembros del círculo de Pedro Sánchez, tanto de su gobierno como de su partido o de su propia familia.
Cualquier persona que se ve acusada injustamente, centraría todo su esfuerzo en demostrar su inocencia. Si es un personaje público aún más. Y si se trata de un jefe gobierno honrado no tardaría ni un minuto en dar instrucciones a los ministerios de Justicia y de Interior para que todos sus profesionales investigaran hasta la extenuación los asuntos supuestamente delictivos en los que está implicado, para quedar así perfectamente demostrada su no intervención, su no vinculación, su inocencia.
La reacción de Sánchez ha sido la contraria: oscurantismo absoluto, victimismo y presiones a quienes siguen investigando. Alentando campañas de insidias contra los que miran con lupa los negocios de su mujer o pueden prestar testimonio sobre sus actividades empresariales.
Los jueces españoles y los fiscales europeos tienen la última palabra, y lo ético es dejarles trabajar en paz. Son varios los medios de comunicación que ofrecen datos que merecen explicación. Que la reacción de Moncloa sea desprestigiar a los firmantes es sospechoso. Sobre todo cuando Sánchez se presenta como "El Gran Impulsor de la Regeneración".