La sentencia judicial de 1 de julio de 2024 del Tribunal Supremo estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de Castilla y León contra el Real Decreto de 17 de mayo de 2022, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para inclusión social, por importe de 102 millones de euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. Estas fueron concedidas a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, según recordó en un comunicado el Gobierno autonómico.

Las ayudas contempladas en este Real Decreto iban destinadas a a financiar proyectos experimentales presentados por administraciones públicas para avanzar en la inclusión social de personas vulnerables, según recoge Ical.

El recurso interpuesto por la Junta parte de la exclusión del proyecto presentado por la Gerencia de Servicios Sociales de la Comunidad, que el Tribunal Supremo ha considerado "únicamente motivada por el carácter directo en la concesión de las ayudas, que no siguió un procedimiento de convocatoria pública". Además, el alto tribunal ha considerado que esta exclusión fue "arbitraria, tras haber comprobado que dicho proyecto había alcanzado la misma puntuación que el de otras cinco comunidades autónomas que sí fueron beneficiarias, de un total de siete".

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, señaló que "la sentencia, que anula la norma estatal y obliga al Estado a asumir las costas de 4.000 euros, estima los argumentos presentados por los Servicios Jurídicos de la Administración autonómica y corrobora que Castilla y León resultó perjudicada de forma injustificada, al no ser beneficiaria de las subvenciones concedidas".