Durante la última década, por razones ligadas al clima, pero también por avances en las tareas de laboreo y mejoras en el uso de los medios de producción -desde las semillas al tratamiento en abonado de los suelos en la agricultura, mejoras genéticas y de eficiencia productiva también en la ganadería o precios de los mercados-, el valor de la Producción Final Agraria experimentó un incremento del 48%, pasando de los 44.000 a los 65.000 millones de euros. En el mismo periodo, la renta global lo hizo en un porcentaje inferior, el 41%, pasando de los 23.000 a 32.500 millones.
Este comportamiento de las grandes cifras económicas sobre los resultados del sector agrario pone de manifiesto que los balances de la actividad en el campo están marcados por la existencia de dos fuegos en su contra: los procesos de compra de medios de producción de agricultores y ganaderos y los relativos a la comercialización de sus productos, fundamentalmente para quienes operan de forma individual. En el caso de actuaciones en el marco de cooperativas y otras entidades asociativas, datos manejados por el grupo Dcoop señalan un resultado neto añadido positivo para la sociedad entre ahorro en compras e ingresos en ventas de entre un 20% y un 30%.
Desde la perspectiva de los costes en medios de producción, los datos manejados por la Administración señalan un incremento del 50% en los últimos diez años, que llega a superar el 100% si nos remontamos a cinco años antes. Oficialmente, hay otro dato negativo: mientras hace dos décadas los gastos en costes de producción suponían el 35% del valor de la Producción Final Agraria, en la actualidad ese porcentaje se ha disparado hasta situarse en el 50%. Todo ello implica para el agricultor trabajar cada día más para los proveedores de medios de producción y distribuidores.
Como suministradores de esos medios de producción (semillas, abonos, productos zoo o fitosanitarios…) funcionan en el mercado cientos de empresas y concesionarios con un grado de influencia comarcal y en muchos casos hasta local. Sin embargo, la actividad en el sector se halla concentrada en manos de unos pocos grandes grupos multinacionales que son quienes a la postre fijan los precios y hasta los tipos de productos a utilizar gracias a su poder de comunicación vía publicidad o debido a las comisiones a los concesionarios.
En este escenario se hallan los productores de semillas, entre los que destacan grupos como Monsanto, Syngenta, Dow (tras su fusión con Du Pont), Basf, Pioneer, Cargill, Continental y, a escala nacional, empresas como Eurosemillas. En maquinaria agrícola, especialmente en tractores, el poder se concentra en John Deere, CNH (tras la fusión de Case y New Holland), Agco, Kubota, Massey o Same Deuz. En los fertilizantes juega la empresa de origen español Fertiberia y operan otras como la israelí Yara, The Mosaic Company (tras la fusión de IMC con Cargill), Nutrient o Eurochem. En agroquímicos encontramos a Syngentga, Bayer, Basf, Corteva o Zotal. Este nivel de concentración se repite en otros sectores como las estructuras para los invernaderos, para los sistemas de riego o para la robotizar el campo.
En lo que afecta a la comercialización de los productos, la actividad agraria se topa de frente con el dominio de los operadores de la parte final de la cadena, que tienen la mirada puesta solo en mantener la demanda de los consumidores.
La Ley de la Cadena.
Aunque sobre el papel aplicar la Ley de la Cadena en cada eslabón del proceso de comercialización (la obligación de pagar como mínimo los costes de producción) sería suficiente, la realidad es que en la mayor parte de los casos se impone el mercado, y además, habitualmente, en dirección contraria a lo previsto por la normativa. El precio de un producto en el campo que paga un operador o una industria alimentaria al agricultor no responde a sus costes, sino simple y llanamente al precio que está dispuesta a pagar la gran distribución a esos operadores que manipulan la mercancía o a esas industrias que la transforman.
En este sentido, los precios de venta de los productos agrarios estarán relacionados con las estrategias de comercialización de las grandes patronales de la gran distribución a la hora de comprar para sus asociados a través de grupos como IFA, ASEDAS, ANGED, ACES… Además está la capacidad de negociar de cada empresa de distribución en base a sus cuotas de mercado, entre las que destaca Mercadona con su 26%, seguida a distancia de Carrefour (10%), Lidl (6,5%), Eroski y Día (4%) o Consum (3%). A ellos se suman las cuotas de grupos de distribución regionales con fuerte presencia en sus territorios.
Frente a estos niveles de concentración de poder, tanto a la hora de vender medios de producción al campo como a la de comercializarlos, el sector agrario dispone de instrumentos para la defensa de sus intereses, en unos casos puestos en marcha por el propio sector y en otros por la Administración.
Desde el propio sector, una herramienta importante la constituyen las casi 4.000 cooperativas existentes en España -aunque en muchos casos su actividad es muy reducida-, que suponen una facturación superior a los 40.000 millones de euros con más de un millón de socios (aunque el mismo socio pueda computar en más de una cooperativa). La respuesta global cooperativa es muy importante en sectores como el del vino, el del aceite, el de las frutas y hortalizas o el de la leche, destacando el peso individual para los intereses de sus territorios, y a la vez para todo el sector, de grupos como Coren, líder en Galicia con presencia en todos los sectores ganaderos, especialmente en avicultura y porcino; Clas, en leche desde Asturias; Grupo AN, desde Navarra, presente en toda España; Covap y Dcoop en Andalucía; Anecoop en Valencia; o Acor en Castilla y León.
Desde la Administración, la defensa de los intereses de la producción agraria en los mercados viene determinada fundamentalmente por el funcionamiento para el seguimiento de los precios por parte del Observatorio y de las actuaciones de la Agencia en el marco de la Ley de la Cadena Alimentaria.