Cuando se ha tomado la decisión de rebasar las líneas rojas que durante casi medio siglo han mantenido a España dentro de los márgenes de la Constitución más exitosa de su Historia, cualquier argumento que se invoque acaba enfangado en la hipérbole, la mentira o la mezquindad, cuando no de las tres cosas al mismo tiempo. Solo así se puede entender el marciano discurso del negociador de Sumar, el 'común' catalán Jaume Asens, para el que «en una democracia no mandan los jueces, mandan los ciudadanos». O dicho de una forma más directa: la división de poderes no existe, el país ha de gobernarse de forma asamblearia y las estructuras del Estado únicamente son válidas si sirven a las necesidades de mi partido para ejercer un poder que, a la vista del discurso de ayer, será toda una oda a las libertades y la igualdad de los ciudadanos.

Ni siquiera se preocupan los voceros de Yolanda Díaz, que se juega en la investidura de Sánchez una cuota de poder inimaginable para una política acostumbrada al fracaso sistemático en Galicia y proyectada por todas las personas a las que después ha traicionado públicamente, de intentar disimular un credo político que es una afrenta a los derechos más elementales. Nicolás García, el jurista al que Sumar ha encargado un informe que busque la forma de justificar una ley de amnistía creada única y exclusivamente para exonerar de su responsabilidad a varios acusados de corrupción y delitos políticos, con el fugado Carles Puigdemont a la cabeza, ha llegado a afirmar que el Tribunal Constitucional, cuya función es velar por el cumplimiento de la Carta Magna, «no dice que todos debamos ser iguales ante la Ley». En los últimos años, en España se han escuchado discursos de muy limitada talla intelectual. También se ha permitido la aplicación de políticas xenófobas y excluyentes. Y no han faltado quienes han intentado combatir el raquitismo ideológico con más de lo mismo. Pero llegar a asegurar que el TC consagra la desigualdad entre españoles es una afirmación tan escandalosa que produce terror, sobre todo porque el Tribunal en cuestión está ensamblado desde la militancia política y nunca fue tan determinante su juicio como lo será en los próximos meses si Sánchez no detiene unas negociaciones que, en el verbo de su socio y aliado, se antojan impresentables, inaceptables e irreversibles. Mientras, el candidato socialista sigue escuchando el coste de cada uno de los votos que necesitará para seguir en la Moncloa, que a estas alturas es la única y palmaria voluntad del presidenciable y su aparato aunque el coste ponga en riesgo la convivencia de un país al que le imponen problemas donde no los había. Y encima lo llaman soluciones.