Con dos investiduras fallidas a sus espaldas y una crisis interna que partió al PSOE en dos y se lo llevó por delante, dar por muerto políticamente a Pedro Sánchez la noche electoral del 28 de mayo parecía una temeridad. El mapa de España se había teñido de azul tras el paso por las urnas, y solo Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra (también Aragón y Extremadura pero los pactos iban a cercenar las opciones del PSOE de gobernar) aguantaban cual aldea de Astérix ante los galos. Pero el Manual de Resistencia aún podía tener otro capítulo por escribir. Incluso parecía atrevido enterrar al líder socialista después de la primera semana de campaña, cuando las encuestas coqueteaban con una mayoría absoluta del PP y el cara a cara con Feijóo había caído del lado del gallego. Aunque parece que hace lustros de aquello apenas han transcurrido dos meses... Y, ahora, Sánchez enfila de nuevo el camino hacia La Moncloa tras la investidura fallida de su rival. No solo había un capítulo por escribir, puede que ese libro biográfico del presidente en funciones requiera incluso de una segunda parte.

A falta del trámite formal, esto es, que el Rey le comunique a Francina Armengol su proposición como candidato a la Presidencia después de reunirse con los grupos parlamentarios, el secretario general de los socialistas enfila su cuenta atrás que tiene como tope el 27 de noviembre. Si ese día España no tiene presidente, sin la coletilla de «en funciones», las Cortes quedarán disueltas de manera automática y los colegios electorales abrirán sus puertas el 14 de enero, después de una campaña que arrancará a la vez que los Reyes Magos visiten los hogares españoles.

La idea en Ferraz es no apurar tanto, aunque cada vez tienen más claro que las negociaciones -que ahora ya se podrán confirmar de manera pública y no limitarse a discretos contactos como hasta ahora- serán «complicadas y largas». Son muchos los partidos que deben unirse en el sí, como ya ocurriera en la anterior investidura de Sánchez. Pero el precio de los apoyos, a tenor de las declaraciones de unos y otros, sobre todo de los independentistas catalanes, parece que ha subido en cuatro años. De ahí que ya nadie ponga fecha al trámite de la investidura del madrileño. «Sería una temeridad», apuntan los socialistas que insisten en que quieren que España tenga un Gobierno a pleno funcionamiento «cuanto antes», aunque, al tiempo, evitan decantarse por un día concreto para que su líder solicite la confianza del Congreso. Aquel vaticinio -lanzado desde las filas progresistas- que apuntaba a la semana del 16 de octubre o, como muy tarde, la siguiente que arranca el 23, ya es agua pasada. Ahora noviembre ya no parece tan mal mes... Ni tan lejano.

El acuerdo entre Junts y ERC para, de manera conjunta, plantear la amnistía y el referéndum como condiciones innegociables para respaldar a Sánchez han supuesto un jarro de agua fría en Ferraz y también en Sumar, donde habían asumido que el encaje del perdón a los encausados por el procés, pese a ser polémico -y puede que incluso anticonstitucional- podría llegar a ser comprado por los ciudadanos «por el bien de la convivencia». El referéndum, en cambio, sigue apareciendo como línea roja en Ferraz. De ahí también que los tiempos se hayan dilatado, ya que las negociaciones tienen ahora otros planteamientos. Curiosamente, en el PP conviven dos interpretaciones: que todo sea una mera escenificación porque todo está ya pactado, lo que implicaría que, finalmente, los separatistas renuncien a la consulta a cambio de amarrar la amnistía y los socialistas vendan esa amnistía como «el mal menor»; o un paso hacia la repetición electoral.

¿Y el resto?

Desde que los resultados del 23-J dejaron un Congreso fragmentado, con dos bloques prácticamente empatados, y con el poder de decisión en las fuerzas minoritarias el foco de atención de centró en los independentistas catalanes. A ellos se refiere el PSOE cuando habla de «negociaciones complicadas», de hecho. Sin embargo, su voto afirmativo sin el sí del resto de formaciones tampoco serviría para investir presidente a Pedro Sánchez. Y cada uno de esos grupos tienen una agenda propia, aunque a todos -en principio- les une su objetivo de que no gobierne la derecha y de que España vuelva a tener lo que ellos denominan «Ejecutivo progresista».

De mayor a menor representación en la Cámara, los socialistas tienen que comenzar por convencer a Sumar, lo que ya parece totalmente encarrilado. Su líder, Yolanda Díaz, siempre ha defendido la necesidad de repetir la coalición de Gobierno de la anterior legislatura. Queda por ver, como única duda, el papel de Podemos en las negociaciones. Los cinco diputados del grupo morado quieren tener presencia dentro de Sumar pero también en el seno del Gabinete. Es más, desde Podemos se ha insistido en que Irene Montero debe repetir al frente del Ministerio de Igualdad, una exigencia que el PSOE no estaría dispuesto a ceder.

En cuanto a los grupos vascos, EH Bildu y PNV, su apoyo está condicionando a la agenda social y a las tradicionales demandas relacionadas con su región, como el traspaso de más competencias o las inversiones en infraestructuras. Esto último será clave también para lograr el apoyo del BNG, dispuesto a dar su apoyo a cambio de una agenda gallega. Lo mismo ocurre con Coalición Canaria, aunque los insulares avisan que no darán su voto si con él se avala la ley de amnistía.

Largo camino, por tanto, el que le queda a un Pedro Sánchez que ya ha iniciado la cuenta atrás