El Gobierno ha aprobado, en el Consejo de Ministros extraordinario por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Ley Orgánica Integral contra la Trata que quedó pendiente la pasada legislatura en su misma redacción, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales.

En esta ocasión, lo ha hecho a propuesta del Ministerio de Igualdad, que dirige la socialista Ana Redondo, mientras que en la pasada legislatura lo impulsó la entonces ministra de Justicia, Pilar LLop, en lugar de la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero.

Se trata de una aprobación en primera lectura, por lo que el texto tiene que pasar por los órganos consultivos y, además, en la rueda de prensa posterior al Consejo, Redondo ha manifestado su intención de contar con la opinión de todas las organizaciones del sector.

"Es una ley que no es punitivista, es una ley fundamentalmente centrada en la prevención, en la sensibilización y en la protección de las víctimas. Y lo que se pretende es actuar frente a todas las formas de trata, como nos exige tanto el convenio de Varsovia como el convenio de Estambul y nuestros compromisos internacionales", ha asegurado.

Asimismo, Redondo ha recordado que, con esta ley, amplían el concepto de trata a otras tratas que tienen que ver con la trata laboral, la trata sexual, la trata con objetivo matrimonial, matrimonios concertados, la trata para comercio de órganos, etcétera.

Garantía de los derechos de la víctima

Como novedad, se crea el Mecanismo Nacional de Derivación (MND), como órgano encargado de la inmediata derivación de las presuntas víctimas de trata.

Con carácter general, se reconoce el derecho a una protección y asistencia especializadas, adecuadas a la tipología de trata y explotación sufrida y al perfil de la víctima. Se le informará en un idioma que pueda comprender, con ayuda de un intérprete o mediador cultural, si fuera necesario, y en estrecha colaboración con las entidades especializadas acreditadas.

Desde el momento de la detección, las presuntas víctimas tienen derecho a recibir información y asesoramiento, a ser derivadas de forma inmediata a los servicios especializados de asistencia y protección, y derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo, garantizándose estos últimos desde el momento de la detección, a lo largo de todo el proceso de identificación y durante el tiempo que fuera necesario tras la identificación definitiva.

Se reconoce también el derecho a la privacidad y a la protección de la identidad desde el momento de la detección y el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

El Ejecutivo también destacó en su momento que el reconocimiento y la efectividad de estos derechos no se vincula a la interposición de denuncia ni participación de las víctimas en la investigación penal, sin perjuicio de que por parte de los poderes públicos se incentive que la víctima colabore para una persecución eficaz del delito a través de los mecanismos necesarios.

En la pasada legislatura, cuando se aprobó el anteproyecto de ley, fuentes de Igualdad, dirigido entonces por Irene Montero, advertían de que no había acuerdo para establecer a partir de qué momento las mujeres en situación irregular podían tener permiso de residencia y trabajo, mientras que otras fuentes del Gobierno aclaraban a Europa Press que los derechos de las víctimas de trata no estaban condicionados a la presentación de ninguna denuncia.

En cualquier caso, el entonces ministerio de Irene Montero exponía que la propuesta era "insuficiente" y que no respondía "a lo demandado por los organismos internaciones o el convenio de Varsovia", así como tampoco a lo planteado por las entidades expertas en atención a víctimas de trata y explotación sexual.

Sobre esta cuestión, Redondo ha asegurado ahora que la acreditación provisional se establece una vez que se es consciente de la situación y, por lo tanto, las fuerzas y cuerpos de seguridad entran a valorar cuál es la situación de trata. "Una vez que se libera a esas víctimas, a esas supervivientes, lo que se procede es a una acreditación provisional, que va a permitir que se tenga derecho al permiso de residencia y de trabajo en España, esa es la novedad", ha recalcado.

También ha matizado que se protege a las víctimas "desde el primer momento". "Desde el primer momento, se protege a las víctimas y se las acompaña en su reinserción, en su inserción laboral y en su inserción en nuestro país", ha agregado Redondo.

La norma reconoce también derechos laborales y económicos a las víctimas. En concreto, el derecho a la inserción social y laboral, el derecho a acceder a la prestación del ingreso mínimo vital y el acceso a la vivienda. Igualmente se reconoce el derecho a la reparación integral y el derecho a una compensación económica adecuada en forma de indemnización.

Protección de menores

Igualmente, contempla la protección de menores víctimas de trata y explotación. Así, se reconoce el derecho a una protección y asistencia especializadas, adecuadas a la tipología de trata y explotación sufrida y al perfil de la víctima y con un procedimiento ágil, especializado y bajo el principio del interés superior del menor.

Se pretende garantizar la información y participación de los menores en todos los procedimientos y la continuidad de la asistencia y protección una vez alcanzada la mayoría de edad. También se prevén medidas específicas para los menores no acompañados y la no repatriación por interés superior del menor.

Sistema de protección

También se crea una Relatoría Nacional sobre Trata y Explotación de Seres Humanos, dependiente del Ministerio del Interior, con rango de Dirección General, que supervisará todas las políticas públicas en materia de trata y explotación y desempeñará el papel de coordinador nacional a los efectos de representación de España en el ámbito internacional. Adscrito a esta Relatoría se encuentra el Mecanismo Nacional de Derivación.

Junto a ella, se regulan las unidades especializadas de las instituciones públicas implicadas en el proceso de detección e identificación. Además, aborda también la cooperación institucional e internacional con los países de origen, adoptando un enfoque integral que abarca tres ejes prioritarios: la prevención, la protección y la persecución.

Extensión de ayudas económicas a víctimas de violencia sexual

Por otro lado, Redondo ha explicado que el Consejo ha aprobado el desarrollo de la Ley del sólo sí es sí. Fuentes de su departamento han señalado a Europa Press que este viernes el Consejo de Ministros ha instado al ministerio de Igualdad a desarrollar el artículo 41 de esta Ley para extender las ayudas económicas a víctimas de violencia de género a las víctimas de violencia sexual.

Igualmente, la titular de Igualdad ha anunciado que se ha aprobado la renovación del protocolo de actuación frente al acoso y al abuso en el seno de la Administración General del Estado, un acuerdo alcanzado y anunciado la pasada semana. "Me parece que esta medida da coherencia al Gobierno porque llevamos solicitando a distintos sectores, a distintos colectivos que precisamente sean proactivos, que establezcan protocolos para la defensa de las personas frente al acoso y al abuso sexual", ha apuntado.