Los agricultores y ganaderos protestan con vehemencia en los últimos tiempos por las condiciones del seguro agrario. Se quejan de que la alta siniestralidad ha incrementado el precio de las pólizas y, además, de que las coberturas que aportan no son realistas en una buena parte de los casos. Lo cierto es que se trata de una herramienta esencial para el buen funcionamiento del sector primario y es perentorio que la situación mejore, dejando contentos tanto a asegurados como ha aseguradoras.

Ese y otros temas relacionados se abordaron en el Congreso Internacional sobre Seguros Agrarios que se celebró en Jerez de la Frontera la semana pasada con el lema 'Los seguros agrarios en el actual contexto climático: situación y perspectivas'. En la clausura del evento, el ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, expresó la necesidad de introducir medidas estructurales que garanticen la viabilidad del sistema de seguros agrarios ante los efectos del cambio climático. Consideró que hay que avanzar en el desarrollo de estrategias de gestión del riesgo adaptadas a las características de cada explotación, ya que estas constituyen la primera barrera para reducir su vulnerabilidad.

Planas indicó que «no podemos colocar sobre las espaldas del seguro agrario la respuesta a todas las situaciones». Por eso, y para hacer frente a los efectos del cambio climático en las explotaciones agrarias, insistió en la importancia de hacer uso de todos los instrumentos disponibles para prevenir los riesgos, en particular, mediante el uso de las nuevas tecnologías que optimicen la utilización de los recursos o la introducción de nuevas técnicas genómicas que permitan obtener variedades vegetales más resistentes a plagas o a la sequía.

En su intervención, Luis Planas recalcó también la importancia de los seguros para garantizar la viabilidad del sector agrario, cuya actividad está expuesta a todo tipo de adversidades climáticas, enfermedades, incendios y otros fenómenos «que afectan seriamente a nuestra producción agroalimentaria». Para después añadir que «esta vulnerabilidad se está incrementando en los últimos años debido, principalmente, a los efectos del cambio climático, seguramente uno de los retos más importantes al que ha de enfrentarse la humanidad en estos momentos», recalcó.

En cualquier caso, el ministro recordó que España tiene una amplia experiencia en la gestión del riesgo mediante un sistema de seguros agrarios que se ha consolidado y desarrollado desde su creación en 1978 hasta convertirse en uno de los más avanzados y completos del mundo.

Necesaria viabilidad.

El presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti, recordó durante su ponencia las principales cifras del seguro agrario en 2023, marcadas por una siniestralidad histórica «que se podría situar cerca de los 1.200 millones de euros al final del ejercicio, sin considerar gastos». La grave sequía, los constantes frentes tormentosos y los daños por helada, unidos a los siniestros que sufre el ganado de manera continuada, han elevado las cifras de indemnización prevista «muy por encima de lo habitual, lo que da buena muestra de la utilidad de contar con una póliza de seguro agrario en años y contextos como el actual».

El presidente de Agroseguro recordó que la contratación también creció un 9% en 2023, con unas primas totales que se situarán en torno a los 930 millones de euros, una cifra muy alejada de las indemnizaciones y del equilibrio técnico del seguro, porque «como en cualquier otra rama del sector asegurador, la siniestralidad se paga con primas».

Pese a esta situación, agravada en los últimos años, insistió en que el sistema español de Seguros Agrarios Combinados cuenta con la solvencia de las 17 aseguradoras privadas que forman parte de la Agrupación y el vital soporte que ofrece el reaseguro del Consorcio de Compensación de Seguros, pilar financiero fundamental, que en 2023 afrontará una cifra cercana a los 400 millones para compensar el exceso de la siniestralidad, aunque recordó que «la capacidad es finita, y se ha visto mermada en los últimos ejercicios debido a la gravedad de los fenómenos meteorológicos registrados desde 2017». Y expuso el dato de que «por cada euro que aportan los agricultores y ganaderos asegurados, el sistema español de Seguros Agrarios les ha devuelto 1,30 euros»". Una cifra que se eleva hasta los 1,91 euros en los últimos tres años y que se sitúa en 2,36 euros en 2023.

De cara al futuro, Ignacio Machetti insistió en «el compromiso de Agroseguro y de las 17 entidades aseguradoras que forman la Agrupación con la viabilidad del sistema». Destacó la importancia de seguir aplicando la «técnica actuarial» para llevar al equilibrio a las 45 líneas de seguro, fomentando la individualización de las condiciones de las pólizas para evitar medidas generalizadas y centrando los ajustes más relevantes «en los asegurados de alta y reiterada siniestralidad», un grupo minoritario de casos que perjudica el equilibrio técnico del seguro agrario y, por tanto, también al conjunto de agricultores y ganaderos.

Algunas conclusiones del congreso.

De este Congreso Internacional sobre Seguros Agrarios, en el que participaron representantes de diferentes países como Chile, Brasil, Estado Unidos, Francia e Italia, así como organismos internaciones entre los que destaca la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO, por sus siglas en inglés) o la Comisión Europea, se extrajeron una serie de conclusiones. Entre ellas destaca la constatación de la necesidad general de seguir proporcionando a los productores sistemas de gestión de riesgos, como son los seguros agrarios, pero también salieron a relucir las dificultades del sistema en España ante la creciente siniestralidad y la exigencia de adoptar medidas para garantizar la permanencia de esta herramienta.

También quedó claro que el riesgo transferido a la parte aseguradora no puede ser ilimitado y estará determinado por los umbrales que garanticen la propia sostenibilidad del sistema; además, los asegurados han de tomar medidas para mitigar en lo posible ese riesgo y adaptarse a la nueva realidad climática. También quedó claro que es imprescindible que la Administración continúe con el apoyo público para garantizar el acceso de los productores al seguro y a otros mecanismos de gestión de riesgos.