Este jueves la representante de Puigdemont en el Congreso de los Diputados, Mirian Nogueras, volvió a utilizar la tribuna parlamentaria para atacar a los jueces españoles, tal vez animada por otras terminales, no independentistas, que han normalizado el uso de conceptos como "justicia creativa", "lawfare" o "fachas con toga".
Fue durante el debate apadrinado por PSOE y PP tras su concertada renovación del CGPJ (reforma de la ley del Poder Judicial) pero cualquier otro pretexto hubiera servido para que esta desacomplejada vestal del independentismo arremeta contra todo lo que le recuerda a España. En este caso, no solo contra los jueces. También contra el propio órgano de la soberanía nacional porque, según ella, el Congreso de los Diputados y los partidos políticos se conciertan en la tarea de proporcionar cobertura y protección a lo que ella denomina "mafia togada".
Más o menos lo de siempre en el discurso de Nogueras y otras voces del independentismo catalán con declarada aversión a la identidad española democráticamente constituida. Ninguna novedad en este sentido. Lo que sigue rechinando es la falta de reacción del Gobierno y de la propia presidencia de La Cámara, teóricamente comprometidos en la defensa del del Estado y obligados a reprobar este tipo de desahogos que desbordan todos los límites del respeto a sus instituciones.
Ni el presidente de la Cámara, cuyas funciones ejercía en ese momento el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ni el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se dieron por aludidos respecto al contenido del artículo 102 del Reglamento parlamentario, pensado para prevenir las palabras o los conceptos ofensivos al "decoro de la Cámara" o de "las instituciones del Estado". Y cuando intervino el portavoz del PP para afearles su falta de reacción, el presidente de la Cámara (en funciones) le acabó cerrando el micrófono porque no encontró pertinente esa intervención.
Esa es la historia de lo ocurrido el jueves en el que Miriam Nogueras pronunció hasta tres veces la palabra "mafia" para caracterizar a la judicatura española tirando por elevación: "En España se mantiene una Monarquía heredera del franquismo que orienta la acción de la justicia". Y en el banco azul nadie saltó de su asiento.
Curiosamente, la representante de Junts devolvió con creces el supuesto agravio que dice arrastrar como catalana que se siente tratada como "delincuente" o como "terrorista". La pedrada de vuelta no dejó títere con cabeza: jueces españoles, monarquía española, partidos españoles e incluso ese Gobierno español empeñado en un plan de regeneración democrática que, según ella, será "papel mojado".
Y se quedó tan a gusto.