España necesita implementar durante los próximos años un programa de consolidación para reducir el nivel de endeudamiento y reconstruir el espacio fiscal, según refleja en su declaración final la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha visitado el país en el marco del Artículo IV y que recomienda un ajuste acumulado del déficit de tres puntos porcentuales de PIB (unos 44.000 millones de euros) entre 2024 y 2028.

En las conclusiones preliminares recogidas en la declaración, los funcionarios del FMI consideran que el hecho de que la economía española esté funcionando "prácticamente a plena capacidad" y se esté beneficiando de las transferencias no reembolsables de los fondos Next Generation EU (NGEU) justifica una orientación fiscal restrictiva sostenida, con el fin de restablecer la capacidad de la política fiscal para responder adecuadamente a futuras crisis y reducir la elevada deuda a medio plazo.

En este sentido, si bien las finanzas públicas españolas siguieron mejorando en 2023, aunque a un ritmo más lento que en años anteriores, advierten de que la deuda sigue siendo elevada, con un nivel por encima del 107% del PIB, por lo que, a medio plazo, a medida que el crecimiento se modere, la inflación se normalice y el auge de ingresos fiscales se atenúe, el déficit fiscal y la deuda pública se estabilizarían en torno a 3% y 104% del PIB, respectivamente, en ausencia de medidas adicionales de consolidación fiscal.

Asimismo, se prevé que el creciente gasto vinculado al envejecimiento de la población generará fuertes presiones adicionales sobre las finanzas públicas del país en el curso de la próxima década.

"Se necesita un programa de consolidación plurianual para mantener la deuda en una trayectoria descendente clara y reconstruir el espacio fiscal", subraya la misión del FMI en España, cuyo personal técnico recomienda una reducción acumulada del déficit primario estructural de tres puntos porcentuales del PIB (unos 44.000 millones de euros) en 2024-2028, lograda mediante un ajuste fiscal anual promedio de alrededor de 0,6 puntos porcentuales (casi 9.000 millones de euros).

En este sentido, aunque los cálculos de las cifras oficiales del marco reformado de gobernanza económica de la UE aún no se han finalizado, se prevé que esta trayectoria recomendada será más que suficiente para cumplir con los requisitos establecidos por las nuevas reglas fiscales.

De tal modo, el documento señala que la consolidación de este orden de magnitud contemplada por las autoridades en 2024, mediante la imposición de gravámenes temporales sobre ganancias extraordinarias y la retirada paulatina de medidas de apoyo para paliar los efectos de la crisis energética, "es adecuada", aunque advierte de que será necesario mantener este ritmo de consolidación en los años siguientes, lo cual requiere medidas suplementarias de carácter más estructural.

A tal fin, los funcionarios del FMI sostienen que una consolidación favorable al crecimiento debería girar en torno al fortalecimiento de la eficiencia del sistema tributario y la ampliación de la base impositiva, además de formar parte de un plan fiscal explícito a medio plazo.

Subir el IVA e imposición medioambiental 

En concreto, junto con la retirada prevista de las medidas anticrisis restantes, recomiendan que el ajuste fiscal aborde suprimir las exenciones al IVA, armonizando los tipos del gravamen entre productos e incrementando la imposición medioambiental en España a los niveles de sus pares de la UE, añadiendo que el potencial impacto sobre los hogares con rentas más bajas podría abordarse mediante políticas focalizadas, como el crédito fiscal por trabajo, la ampliación de las políticas activas de empleo (PAE) y el aumento de la oferta de viviendas asequibles.

Por otro lado, en el caso de que las autoridades decidan convertir los gravámenes temporales sobre las ganancias extraordinarias de las entidades bancarias y de las empresas del sector energético en impuestos permanentes, "sus bases deberían ajustarse en función de una definición más clara de ganancias extraordinarias" para minimizar sus efectos distorsionadores, además de que podrían rediseñarse para la consecución de otros objetivos clave, incluyendo el refuerzo del colchón de capital anticíclico (CCA).

En cualquier caso, consideran que publicar un plan fiscal a medio plazo detallado, sustentado por medidas específicas, "sería una demostración de compromiso, promovería un debate público saludable sobre las prioridades de tributación y de gasto y, en última instancia, aumentaría las posibilidades de una consolidación fiscal exitosa", mientras que reforzar la función de la AIReF en la evaluación de los efectos de las medidas propuestas podría afianzar la credibilidad del plan.

Nuevas medidas para la sostenibilidad de las pensiones 

A más largo plazo, el FMI advierte de que los ajustes basados en los ingresos deberían ir acompañados de mejoras en la eficiencia del gasto público y de políticas orientadas a afrontar la creciente presión de gasto relacionada con el envejecimiento de la población.

En este sentido, reitera que, en el futuro, muy probablemente será necesario adoptar nuevas medidas para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones, para lo que la cláusula de salvaguarda instituida en 2023 "es una herramienta importante para corregir posibles desequilibrios".

"En caso de ser activada, deberá considerarse un conjunto equilibrado de reformas, evitando una dependencia excesiva de la opción de último recurso de aumentar las cotizaciones sociales, que incrementaría los costes laborales y podría tener un impacto en el empleo", advierten los técnicos del FMI, para quienes podría considerarse la reducción de las tasas de reemplazo mediante una extensión del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, considerando la carrera completa.

Otra opción recogida en la declaración de la misión del FMI consistiría en seguir subiendo la edad efectiva de salida del mercado laboral mediante acciones de espectro más amplio, como la reforma del subsidio por desempleo para trabajadores de 52 años o más, el refuerzo de las políticas activas de empleo (PAE) y la introducción de un crédito fiscal por trabajo para los empleados de bajos ingresos.