Alberto Núñez Feijóo ya vela armas para convertirse en el azote de Pedro Sánchez durante la próxima legislatura porque en Génova se tiene el convencimiento de que la investidura del actual presidente en funciones ya está pactada y sólo faltaría estampar la rúbrica final.

El líder popular ha empezado a ensayar una oposición dura para acorralarle con temas que son una patata caliente para el dirigente socialista como la amnistía, un hipotético indulto a los condenados por los ERE en Andalucía o la «división» dentro del Gobierno tras el ataque terrorista de Hamás a Israel.

 De hecho, en Génova -sobre todo desde la línea dura- se cree que están atrayendo a votantes de Vox con esta estrategia más combativa y se reafirman en que mantendrán en un discurso «contundente» contra la amnistía.

«Hay una parte del electorado que buscaba contundencia contra Sánchez y la buscaba votando a Abascal. Pero ahora han visto que se puede hacer daño a Sánchez votando a Feijóo», señalan fuentes de la dirección nacional del partido, que creen que el discurso de investidura marcó un punto de inflexión a la hora de visualizar esa fortaleza del jefe de filas popular.

De hecho, otras fuentes del partido creen que se ha producido un «viraje» de Feijóo hacia el partido de Santiago Abascal que, a su entender, pasa por no «demonizar» a Vox y contraatacar ante la estrategia del PSOE de meter miedo con la ultraderecha y asemejarla al PP por sus pactos autonómicos.

Ahí enmarcan las palabras que pronunció el propio Feijóo días atrás cuando dijo «no puedo aceptar el cordón sanitario que se le ha puesto a Vox», un mensaje que creen que va en el camino correcto para recuperar votantes de Vox que en su día apoyaban al Partido Popular.

«Lo que el PSOE no puede decir es que con Vox no se habla cuando él lo hace con Bildu y el presidente de Vox estaba amenazado por los inspiradores de Bildu. ¿Qué anomalía es ésta en la que no se habla con Vox pero sí con Bildu?», se preguntan desde Génova.

La foto con Bildu

Los populares llevan días explotando esa foto de Sánchez dándose un apretón de manos con la portavoz abertzale en el Congreso, Mertxe Aizpurua, en el marco de contactos para su investidura. «Solo faltaba decir Qué se besen, que se besen o Vivan los novios como en las bodas», ironizan en el cuartel general.

Algunos sectores de la formación conservadora consideran que ante la «compleja» legislatura que se avecina si Sánchez es investido presidente, el partido necesitará un portavoz parlamentario con una lengua «afilada» que sirva de escudo a Feijóo, que debe centrarse en un papel más de Estado e institucional.

Muchos ven en esa función al actual vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, que ya fue portavoz parlamentario en el Senado con José María Aznar, y creen que encaja en ese «perfil de doberman» que podría buscar el líder del PP para esta legislatura.

Sin embargo, otras voces no descartan a la propia Cuca Gamarra, que ha ocupado ese cargo estos últimos dos años, o incluso al vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper. La decisión no se dará a conocer por Feijóo hasta que no se despeje la investidura de Sánchez. Pero cambios en la cúpula, los habrá.

El PP ha convertido la previsible ley de amnistía al procés es su principal caballo de batalla contra Sánchez, activando ya un frente institucional y político en el Parlamento -ya reunió en el Senado a la Comisión General de Comunidades Autónomas para abordar este asunto- pero preparando también un frente judicial con la consulta a expertos en el mundo del Derecho. De hecho, el propio Feijóo avanzó que llevará esa norma al Tribunal Constitucional si llega a aprobarse.

A pocas semanas de la investidura, el PP denunciará hasta la saciedad las «cesiones» de Pedro Sánchez a los independentistas para seguir en Moncloa. Así, repetirán que la amnistía es un «fraude» y un «engaño masivo» que «rompe la igualdad de los españoles», haciendo hincapié en que se debe dejar de «mentir» a la gente y someter este perdón a las urnas.

A esta ofensiva sumará un hipotético indulto a los condenados por los ERE en Andalucía. Génova vincula la tramitación del indulto al expresidente andaluz José Antonio Griñán a las presiones por aprobar cuanto antes la medida de gracia para los encausados en el procés y no tener críticas internas en el PSOE andaluz.

«Sánchez debería dejar por escrito que no facilitará indultos, ni amnistía ni referéndum. Son tres cuestiones muy difíciles de defender y de tragar por los españoles», declaró esta semana el coordinador general del PP, Elías Bendodo.

Y en medio de la tensión que se vive en Oriente Próximo, el PP seguirá poniendo el foco en visualizar la falta de «unidad» dentro de su Gobierno y de su socios a la hora de condenar los atentados de Hamás, y se centrará en denunciar que Sánchez, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países europeos, no está ofreciendo explicaciones en sede parlamentaria.

De hecho, días atrás Feijóo ya criticó en una reunión con sus colegas del Partido Popular Europeo (PPE), que el jefe del Ejecutivo en funciones no haya informado al Congreso de la «dedicada situación» en Israel tras los «ataques terroristas» de Hamás, máxime cuando España ostenta la Presidencia española de turno de la UE.

Por lo pronto, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, está dispuesto a acudir al Parlamento a ofrecer esas explicaciones, una comparecencia que la formación conservadora considera insuficiente ya que, a su juicio, debería corresponder también hacerlo al líder socialista.

Sánchez fue señalado directamente días atrás por el político gallego al considerar que el Gobierno de España ha vuelto a equivocarse al mostrar una posición dividida sobre la escalada de violencia en el conflicto entre Israel y Hamás. 

Control parlamentario

Además, el PP denunciará que la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, siga sin poner fecha a la investidura de su jefe de filas, una petición que la formación conservadora ha demandado con ahínco en los últimos 10 días.

El Grupo Popular quiere activar también las sesiones de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados y así lo ha solicitado formalmente en un escrito dirigido a la Mesa y a la Presidencia de la Cámara.

En ese documento que firma Gamarra, reclaman que «se dé cumplimiento a las funciones de organización del Congreso recogidas en el Título III del Reglamento» y han pedido que desde la Mesa del Congreso «se admitan y ordene la tramitación de las iniciativas de control e información, como preguntas para respuesta oral en Pleno, interpelaciones o comparecencias que puedan plantearse en un momento dado».

Cuca Gamarra culpa al presidente del Gobierno en funciones de tener «secuestrado» al Congreso y apremió a la presidenta de la Cámara «a desbloquear ya» la institución. «Armengol ha parado el reloj de las Cortes y se lo ha entregado a Sánchez», denunció.

Así las cosas, Feijóo busca engrasar la maquinaria del partido para afrontar una nueva legislatura...¿o tal vez otras elecciones? El tiempo terminará despejando la incógnita.

Un Senado en posición de combate

El PP también ha puesto en posición de combate en el Senado las armas de su mayoría absoluta para apuntarlas contra Sánchez. Las elecciones generales le obsequiaron con un holgado triunfo en esta Cámara que, ante la probabilidad de que el socialista conserve su puesto en la Moncloa gracias al apoyo del independentismo catalán, dotan al partido de Feijóo de un paquete ofensivo con el que hacerse fuerte.

Son las ventajas que confiere disponer de mayoría absoluta en el hemiciclo, no solo para aprobar propuestas, sino también en la Mesa, cuyo papel es clave para marcar los tiempos de las iniciativas que lleguen a la Cámara Territorial desde el Congreso o aquellas que surjan desde el mismo palacio de la Plaza de la Marina Española.

Ya ha habido un ensayo general recientemente en el primer pleno de la legislatura, cuando el Senado aprobó una moción del grupo popular en contra de la amnistía y de su uso como moneda de cambio para que Pedro Sánchez negocie su investidura.

Pero el poder que atesora el PP gracias a sus 143 senadores va mucho más allá de la aprobación de mociones.

Y lo saben porque ya ejercieron esta capacidad en el tramo final de la XII Legislatura, a partir del éxito de la moción de censura de Pedro Sánchez que en junio de 2018 desalojó a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno. Mantenían su mayoría absoluta en el Senado y la utilizaron para hacer oposición al Ejecutivo socialista.

Sin embargo, por ahora los populares evitan hacer ostentación del arsenal de recursos del que disponen para, si Sánchez sigue gobernando, reforzar su oposición. Prefieren esperar a la evolución de las cruciales negociaciones para la investidura.

Por lo pronto, cualquier ley de amnistía que el PSOE pueda pactar con Junts y sus socios tendrá que pasar también por el Senado antes de su aprobación definitiva. Y la Cámara puede promover sus propias leyes que después acceden al Congreso.

Y es que, mientras a la Cámara Baja le cuesta «arrancar» la legislatura y todavía carece de calendario de plenos, la Alta tiene programados dos para octubre y otros dos para noviembre.

Ya ha constituido varias comisiones, como la General de Comunidades Autónomas, específica del Senado, casi inactiva en las últimas legislaturas pero que puede ser una buena plataforma para que el PP lleve a primera línea los problemas del modelo territorial.

Tras las últimas elecciones autonómicas, la formación conservadora ha aumentado su poder y sus barones, con pesos pesados como el andaluz Juanma Moreno, pueden acudir a esta comisión para confrontar cara a cara con el Gobierno y con los grupos. Cualquier asunto político tiene dimensión territorial y puede debatirse en este foro, muy infrautilizado por otra parte.

Hay más, porque junto a las comisiones permanentes y las Mixtas -todavía faltan por constituirse- la Cámara Alta puede crear comisiones de investigación, otra baza que el PP empleó durante la etapa de «cohabitación» con el primer Ejecutivo de Sánchez, cuando constituyó una comisión para investigar la financiación de los partidos.

Desde aquella trinchera parlamentaria, que el PP manejó en solitario al negarse los demás grupos a participar en lo que veían como una «farsa», aireó todos aquellos casos que pudieran oler a corrupción en los otros partidos y consiguió que declararan no solo tesoreros y técnicos de las formaciones, también sus dirigentes.

Así sucedió con el entonces ministro del PSOE José Luis Ábalos o con los expresidentes andaluces Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, con el líder de Podemos, Pablo Iglesias y el cofundador de la formación morada Juan Carlos Monedero.

En esta nueva etapa, el PP solo necesita aplicar su mayoría para que el Senado active una comisión de investigación sobre «cualquier asunto de interés público», tal y como prevé la Constitución.

Las conversaciones sobre la investidura de Pedro Sánchez llevan aparejada la negociación de los Presupuestos Generales, un ámbito en el cual el Senado desempeña un papel que puede complicar las cosas a un hipotético Ejecutivo de coalición entre PSOE y Sumar.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a que la senda de déficit sea aprobada por «ambas cámaras» como paso previo a la presentación de los presupuestos; de este modo, aunque supere el trámite del Congreso, el Senado puede vetarla, como ya ocurrió en 2018, cuando el PP también tenía la mayoría. Los presupuestos de 2019 se tuvieron que adecuar al plan de estabilidad del Ejecutivo de Mariano Rajoy, pero ahora esta solución no es factible porque no hay objetivo en vigor, ya que las reglas fiscales están suspendidas hasta 2024.