El año 2024 marca un punto de inflexión en la política económica de la Unión Europea, que trata de recuperar la normalidad fiscal que, tras la crisis de la pandemia, obligó a la Comisión a relajar las medidas de control del gasto de los países miembros para estimular cuanto antes la demanda, olvidando los criterios de estabilidad presupuestaria que regían desde el Tratado de Maastricht.

Hasta que llegó la COVID-19 ningún país de la zona euro había roto las reglas que protegían el déficit público por debajo del 3% del Producto Interior Bruto (PIB) y que la deuda no superara el 60%. 

La materialización de esta trayectoria permisiva, pero expansiva, llegó con los denominados fondos Next Generation EU, a través de los cuales, y por primera vez en la Historia, la Comisión Europea puso en manos de los países comunitarios 830.000 millones de euros en ayudas para la recuperación.

La etapa de gastar sin control se ha terminado y, desde el pasado 30 de abril, Bruselas obliga a los gobiernos a volver a la sostenibilidad de las cuentas, según el acuerdo que alcanzaron el pasado diciembre, la Comisión y los Veintisiete a fin de evitar un descontrol de las finanzas, pero sin el temor a que la austeridad anterior que defendía Alemania reduzca la inversión e incremente el paro.

El gran desafío que plantea esta nueva reforma es evitar que se ahogue de nuevo el crecimiento económico en aras del saneamiento de las Cuentas Públicas, según describe la publicación de esta nueva normativa en el Diario Oficial de la UE.

Los expertos en tributación consideran que, en realidad, las nuevas reglas fiscales son muy similares a las que había antes, lo que cambia a partir de ahora es la forma que tendrán de cumplirlas cada gobierno. 

Así, se contempla que los distintos Estados de la eurozona deben reducir su deuda pública a un nivel inferior al 60% del PIB en un plazo de 10 años de una manera gradual, realista, sostenida y favorable al crecimiento, protegiendo al mismo tiempo las reformas y la inversión en áreas estratégicas como la digital, la verde, la social o la defensa.

Las naciones con una deuda superior al 90% del PIB, como España, tendrán que reducirla a un ritmo más rápido. También se especifica que el déficit público anual no debe superar el 3% del PIB, pero se prevén excepciones en caso de circunstancias especiales, como, por ejemplo, una nueva crisis económica. 

El nuevo escenario tributario brindará un margen adecuado para políticas anticíclicas y abordará los desequilibrios macroeconómicos.

Esta revisión de las reglas fiscales incluye la reforma del reglamento sobre los brazos preventivo y correctivo y de la nueva directiva sobre los requisitos para los marcos presupuestarios de los Estados miembro.

Ahora, cada país europeo deberá avanzar sus primeros planes nacionales antes del 20 de septiembre de 2024, mientras que la Comisión, por su lado, presentará una trayectoria de referencia (anteriormente llamada trayectoria técnica) a las naciones donde la deuda pública supere el 60% del Producto Interior Bruto o el déficit público se sitúe por encima del 3% del PIB, como ocurre actualmente en España.

La línea de referencia indicará las vías de cómo los Veintisiete pueden garantizar que, al final de un período de ajuste fiscal de cuatro años, la deuda pública de cada nación esté en una trayectoria descendente plausible o se mantenga en niveles prudentes a medio plazo.

Además, un Estado miembro podrá solicitar la presentación de un plan nacional «revisado» si existen circunstancias objetivas que impidan su implementación, incluso, si hay un cambio de gobierno.

En base a la nueva normativa de referencia de la Comisión, los Ejecutivos de la UE trazarán su propio ajuste, expresado en trayectorias de gasto neto en sus planes fiscales a medio plazo, que deberán ser aprobados por el Consejo europeo.

Reformas estructurales

Las nuevas exigencias fomentarán aún más las reformas estructurales y las inversiones públicas para la sostenibilidad y el crecimiento y los Estados miembro podrán solicitar una extensión del período de ajuste fiscal de cuatro años a un máximo de siete, si llevan a cabo ciertas reformas e inversiones que mejoren la resiliencia y el potencial de expansión y apoyen la sostenibilidad tributaria comunitaria y aborden las prioridades comunes 

La UE obliga que se incluyan estas iniciativas para lograr una transición justa, ecológica y digital que garantice la seguridad energética, fortalezca la resiliencia social y económica y, cuando sea necesario, desarrollar capacidades de defensa.

España está entre los gobiernos con deuda excesiva que, según las nuevas reglas, estarán sujetos a «normas de salvaguardia» que les exigirán, entre otras cosas, reducir su pasivo en un promedio de un 1% anual si superan el 90% del PIB, y un 0,5% anual en si su índice está entre 60% y 90% del PIB, unas disposiciones menos restrictivas que el requisito actual que exige que cada país debe reducir la deuda anualmente en 1/20 del exceso por encima del 60%.

Si el déficit de una nación supera el 3% del PIB, el requisito será recortarlo durante los períodos de crecimiento hasta un 1,5% del PIB, a fin de crear un colchón de gasto para condiciones económicas difíciles.