El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, defendió hoy la legalidad de las ayudas directas a ayuntamientos y subrayó que representan un "importe ínfimo" en relación al presupuesto de su departamento para las entidades locales, mientras que el socialista Luis Briones vio "clientelismo" y un "interés partidista".

En el pleno de las Cortes, González Gago, en su respuesta a la pregunta de Briones, afirmó que esas ayudas se han concedido con "rigor, objetividad y transparencia" y explicó que se adjudican por interés general, público o económico de determinadas actuaciones de los ayuntamientos.

Briones rechazó que sean esos los criterios y se refirió a que se han concedido a 66 ayuntamientos por un importe de 3,3 millones para proyectos como una fuente, un ascensor o renovar el saneamiento, que no son obras excepcionales. "El Grupo Socialista ya hizo la misma pregunta en el 4 de octubre de 2002 al entonces consejero de Presidencia", afeó González Gago.

Es un dinero de bajas en la contratación que se produce al final del año, entre otras cuestiones, y que no se quiere perder para que vaya al mundo local, argumentó el consejero, que añadió que los alcaldes socialistas representan un 20 por ciento y los municipios que han accedido a esa ayuda están por encima del porcentaje de representación.

Así, el consejero enumeró una serie de ayuntamientos gobernados por el PSOE que cuentan con esa ayuda, como Aldea del Obispo, cuyo alcalde, Juan Luis Cepa, es procurador en las filas del Grupo Socialista, pero Briones insistió en denunciar que es una financiación extraordinaria para "favorecer el clientelismo". "Es una actuación chapucera", remató.