Nadie sabe a ciencia cierta cuáles son las razones del desacuerdo entre la parte británico-gibraltareña e hispano-europea que impide encontrar un nuevo estatus jurídico-político para el Peñón como consecuencia del Brexit. En ese sentido, transparencia, cero.
Se entiende el malestar de los alcaldes del Campo de Gibraltar, e incluso del presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Moreno Bonilla, cuya ausencia de la mesa negociadora no se acaba de entender. Sobre todo cuando sí está presente el ministro principal de la colonia, Fabián Picardo.
Es el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien está llevando personalmente las negociaciones. Con una orientación técnica, no política. De hecho, las partes han estado de acuerdo en aparcar el tema de la soberanía (el fuero) y centrarse en asuntos tan cotidianos y tan prácticos (el huevo) como la movilidad de los ciudadanos, el tráfico de mercancías y el uso conjunto del aeropuerto en una zona confiscada por Gran Bretaña al margen de la legalidad internacional.
España no está utilizando a su favor ese pecado original británico para reforzar su posición negociadora. Ni ese ni otros. Como el de volver a poner la famosa verja. Pero se entiende. Es lo más razonable, hoy por hoy, sobre todo en nombre de los 15.000 trabajadores españoles que entran y salen a diario de Gibraltar por razones laborales, en condiciones salariales y sociales peores que las del trabajador nativo.
Tal vez España debería aprovechar la posición de fuerza obtenida una vez que la colonia quedó fuera del espacio Schengen, aunque solo fuera porque esa posición ya es también la de los veintisiete países miembros de la UE que ahora nos arropan y cuyos intereses están en juego.
Por los pocos detalles que se han podido filtrar en relación con la fracasada reunión del jueves pasado en Bruselas, cancelada sin acuerdo, es que las reminiscencias franquistas del conflicto prevalecen en la parte británico-gibraltareña, tal vez como excusa de una posición poco flexible a la hora de negociar. Nada que ver con la parte española, cuya sociedad civil ha superado absolutamente el sentimiento patriótico que acompañaba al viejo escollo colonial.
Solo nos consta que hay acuerdo en que el control fronterizo de personas que desde Gibraltar entren en el espacio Schengen (a través de España) correrá a cargo de la agencia europea de fronteras exteriores (Frontex) , pero bajo supervisión de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Todo lo demás cuelga del lema compartido: "Zona de prosperidad compartida", como método y expresión de la voluntad de seguir avanzando.
Pero será en una nueva reunión, aún sin fecha, tras las agotadoras seis horas de desencuentro del jueves pasado en Bruselas.