El Gobierno lo anunció como una «financiación singular» para Cataluña pero esta historia también podría titularse como el precio de investir a Salvador Illa. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue la encargada de desbrozar el camino que el presidente, Pedro Sánchez, allanó unos días después. «Es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como Cataluña», afirmó con tono solemne.

Obvió, en todo caso, que estas cuentas para aupar al socialista a la Presidencia de la Generalitat se negocian -otra vez- a dos bandas en Madrid y en Ginebra, que es donde está afincada la fugada Marta Rovira, la que ahora mismo lleva las riendas en ERC.

Pero esa financiación mayor y distinta al resto a cambio del apoyo republicano no sentó bien a ninguna comunidad, máxime cuando se le añadió la condonación de 15.000 millones de la deuda catalana, la región que más dinero debe al Estado. En este caso, la singularidad ha cabreado, y mucho, a la generalidad. 

Como era de prever, la rebelión la encendieron de inmediato las comunidades del PP. El primer barón popular en pronunciarse fue el líder andaluz, Juanma Moreno, que quiso dejar claro que tratará de «impedir» que se cometa una nueva «injusticia» con esta comunidad en materia de financiación autonómica, por «cesiones» del Gobierno central al independentismo catalán.

En parecidos términos se expresó el presidente valenciano, Carlos Mazón, que calificó como una «humillación para todos los españoles» este tratamiento especial al que abrió la puerta Montero.

Además, advirtió que «si se avanza en ese camino y si se concreta en algo», el Consell activará todos los mecanismos que le permita la ley contra esta «deriva inédita de desigualdad».

Por su parte, desde el Ejecutivo de Galicia insisten en que la revisión del modelo de financiación autonómica se debe abordar en una negociación multilateral con todas las comunidades autónomas y el «máximo consenso posible».

«Galicia no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos y queremos negociar en un régimen de igualdad, no que cada Comunidad presente sus aspiraciones, poniendo siempre por delante el bien común», sostuvo Alfonso Rueda.

Otro barón popular, el murciano Fernando López Miras, advirtió que acudirá a los tribunales si se da una financiación singular para Cataluña, reclamada por Esquerra Republicana como parte del pacto de investidura que sellaron con los socialistas, porque «incumple la ley». «Sánchez se carga la solidaridad y la igualdad entre todos los españoles».

«Lo primero que hay que preguntarse es a qué se refiere la ministra cuando habla de tratamiento especial», cuestionan desde el Gobierno popular de Baleares.

La Rioja también mostró su «oposición rotunda» a un acuerdo bilateral «porque una financiación singular para Cataluña es un privilegio para la Comunidad Autónoma de Cataluña y por tanto un perjuicio para todos los ciudadanos riojanos».

Sin embargo, la llama de la sublevación prendió también en comunidades socialistas. Varias federaciones exhibieron su rechazo frontal. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, fue el más crítico, aunque otras agrupaciones como las de Extremadura también tiraron de las orejas al Gobierno.

García-Page cargó contra la propuesta del Ejecutivo porque considera que sería «un precio demasiado caro por mantener un puesto».

«Solo faltaría que encima toda la fiesta independentista la terminemos pagando entre todos», espetó el castellano-manchego verbalizando una opinión generalizado.

Desde el PSOE de Extremadura también se pronunciaron sobre esta polémica regalía, advirtiendo al Gobierno que su federación no va a «permitir chantajes» por parte de «ninguna otra comunidad autónoma» en el proceso de negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. =Para los socialistas extremeños, los hechos o cuestiones «singulares» no pueden «bajo ningún concepto suponer diferencias entre españoles». 

Por su parte, el Gobierno socialista de Asturias defendió que «cualquier modificación futura del sistema de financiación pasa por una negociación multilateral con todas las Comunidades». Entiende que es «la única forma de lograr un nuevo sistema de financiación adecuado a las necesidades de cada territorio, donde se reconozca el coste real de los servicios».

Amenaza de ruptura

El enfado también alcanzó a dos socios de Sumar. Compromís y Chunta Aragonesista (CHA) se plantaron ante este nuevo peaje e insistieron en que no debe haber tratos de favor en el modelo de financiación para las autonomías. Esa igualdad a la hora de ajustar los fondos territoriales la consideran una línea roja y avisaron que están dispuestos a romper su acuerdo de Gobierno con el PSOE y Sumar en un momento, según recordaron, «en que las mayorías están muy justas».

Compromís y la Chunta Aragonesista, que suman tres de los 26 diputados de Sumar, advirtieron al PSOE que si pacta un modelo singular para Cataluña y no resuelve los problemas de la Comunidad Valenciana, de Aragón y de otras zonas que también tienen problemas de infrafinanciación, se plantearán romper con el Ejecutivo. De llegar a ese extremo, los dos diputados valencianos y el de los aragoneses desharían la mayoría con la que cuenta Pedro Sánchez en el Congreso, pues el presidente vería sus apoyos reducidos en tres, quedando en 175, uno por debajo de la mayoría. Se avecinan días convulsos.

De llegar a ese extremo de retirar su apoyo, los dos diputados valencianos y el de los aragoneses desharían la mayoría con la que cuenta Pedro Sánchez en el Congreso, pues el presidente vería sus apoyos reducidos en tres, quedando en 175, uno por debajo de la mayoría.