El Pleno del Congreso acogerá el próximo martes, 12 de diciembre, el primer debate de la proposición de Ley de Amnistía registrada por el PSOE y también decidirá sobre la creación de las tres comisiones de investigación que los socialistas aceptaron el pasado mes de agosto a cambio del voto de los independentistas catalanes de ERC y Junts para hacerse con la mayoría en la Mesa de la Cámara.

Así lo ha acordado este martes la Junta de Portavoces del Congreso, que también ha fijado para el 13 de diciembre la primera sesión de control al Gobierno de esta legislatura, a la que, sin embargo, no acudirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, ese día comparecerá en el hemiciclo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para dar cuenta de la crisis migratoria.

Tras su calificación por parte de la Mesa del Congreso, con el voto en contra el PP, la ley de amnistía se publicó en el Boletín de las Cortes y se envió al Gobierno para que diera la conformidad a su debate, ya que la Constitución otorga al Ejecutivo la potestad de vetar la tramitación de iniciativas legislativas que condiciones su política presupuestaria, sea por aumento de gasto o por merma de ingresos.

El Gobierno dispone de 30 días para pronunciarse, pero en esta ocasión le sobraron 27 para comunicar al Congreso su "conformidad" con la tramitación de dicha iniciativa. Ha habido casos en que ha respondido aún más rápido, como con la proposición de ley que acabó con el delito de sedición, cuando tardó menos de 24 horas en dar su visto bueno al debate.

Presentación de enmiendas, y después, al Senado

Tras lograr el aval del Gobierno, la Junta de Portavoces ha decidido este martes programar el debate de toma en consideración para el día 12, una decisión a la que se han opuesto tanto el PP como Vox. Una vez que el PSOE y sus socios le den vía libre para continuar su camino parlamentario, se abrirá un primer plazo para la presentación de enmiendas. Tanto el Grupo Socialista como sus aliados han pedido que se tramite por la vía de urgencia, lo que recortara todos los plazos a la mitad.

Después quedará el trámite en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y está decidido a dilatar los plazos hasta el tope de dos meses que fija la Constitución. De ahí volverá a la Cámara Baja para su aprobación definitiva y entrada en vigor, previsiblemente en primavera.

Además, la Junta de Portavoces ha rechazado, por mayoría, el recurso presentado por el PP contra la decisión de la Mesa del Congreso de calificar esa proposición de ley, una revocación que también pidió Vox. El próximo martes también se debatirá sobre la creación de las comisiones de investigación que los socialistas acordaron abrir con los independentistas catalanes.

El Gobierno pide un voto de confianza a la ley

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha pedido este martes a los ciudadanos que otorguen "un voto de confianza" sobre la amnistía de los dirigentes independentistas catalanes encausados por el 'procés', al mostrarse convencida de que va a "mejorar la convivencia" en Cataluña como ocurrió con los indultos.

Alegría ha hecho este llamamiento a la ciudadanía después de que el diario El País y la Cadena SER publicaran ayer, lunes, una encuesta en la que se recoge que casi un 60 por ciento de los españoles considera que la amnistía es injusta y que existe una amplia mayoría que piensa que el principal motivo de su aprobación por parte del PSOE es poder gobernar.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, Alegría ha expresado su "máximo respeto" por los datos del sondeo, pero ha añadido: "Pediríamos a los ciudadanos un voto de confianza".

Entrega de firmas contra la amnistía

La Fundación Hay Derecho ha registrado este martes en el Congreso 101.000 firmas de la sociedad civil en contra de la proposición de ley de amnistía pactada entre el PSOE y Junts porque consideran que supone "la quiebra de la separación de poderes" y no responde al "interés general".

"El enfoque no ha sido el interés general, sino únicamente necesidades de aritmética electoral coyuntural a cambio de votos de un partido minoritario", ha reiterado la directora general de la Fundación, Safira Cantos. La campaña tiene el objetivo de abrir un debate "participativo y lo más democrático posible" en la Cámara baja y denunciar el procedimiento de urgencia con el que ha sido tramitada esta proposición de ley.