El instructor del procés, el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, ha acordado este lunes que el Juzgado de Guardia de Barcelona tome declaración a la ex consejera catalana y eurodiputada Clara Ponsatí por el delito de desobediencia a causa del 1-O por el que está procesada, así como que después la deje libre.

Ponsatí ha sido detenida este lunes después de que ella misma anunciara en sus redes sociales que se encontraba en Barcelona, a pesar de la orden de busca y captura nacional que pesaba en su contra.

En su auto, Llarena explica que, para que pueda llevarse a cabo esta declaración indagatoria, ha enviado al Juzgado de Guardia de Barcelona una serie de preguntas.

Además, explica que ha optado por esta vía "considerando que la renuencia de la acusada a someterse a la ineludible declaración indagatoria invalida cualquier intento de citación que pretenda alcanzar su comparecencia en libertad".

Asimismo, el magistrado indica que ha valorado también que "la conducción policial al Supremo supondría una extensión de su privación de libertad en un delito para el que no están previstas penas de esta naturaleza".

Segunda detención

Cabe recordar que es la segunda vez que Ponsatí es detenida en Barcelona por orden del Supremo. Ya lo fue el 28 de marzo y entonces fue puesta en libertad con la obligación de que acudiera a declarar ante Llarena el 24 de abril, pero se ausentó alegando, primero, que tenía trabajo en la Eurocámara y, segundo, que estaba amparada por su inmunidad como eurodiputada.

Tras este plantón, el magistrado volvió a dictar orden de busca y captura nacional contra Ponsatí con el único objetivo de que pueda comunicarle su procesamiento por un delito de desobediencia y continuar así el procedimiento penal en su contra, que hasta el pasado marzo estaba paralizado por encontrarse prófuga en Bruselas.

Llarena resolvió que había faltado a su cita con el Supremo "injustificadamente", al considerar que se podían haber buscado fórmulas para que compareciera incluso desde Estrasburgo; mientras que la segunda cuestión planteada por Ponsatí la contestó el Tribunal General de la UE (TGUE) el pasado 5 de julio al levantar la inmunidad que retenían cautelarmente la ex consejera, el también ex consejero Toni Comín y el expresidente catalán Carles Puigdemont.

De esta forma el TGUE despejó el camino para que Llarena, previa petición de los fiscales del 'procés', pueda reactivar las euroórdenes contra Puigdemont y Comín. No obstante, en el caso de Ponsatí ya no es posible porque ha quedado procesada por un delito sin cárcel.

Delito sin cárcel

El horizonte penal de Ponsatí se despejó tras la entrada en vigor el 12 de enero de la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación, obligando a Llarena a revisar el procesamiento de los huidos del procés.

Hasta ese momento, la ex consejera estaba procesada por sedición, por lo que la desaparición de este delito --penado con entre 10 y 15 años de cárcel e inhabilitación-- propició que el magistrado lo sustituyera por el de desobediencia, castigado con multa de 3 a 12 meses e inhabilitación de 6 meses a 2 años.

Aunque tanto Fiscalía como Abogacía del Estado solicitaron al instructor que sumara el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, con penas de 3 a 5 años de cárcel y 6 a 8 de inhabilitación, Llarena lo descartó.

Así las cosas, las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que el camino a recorrer por Ponsatí es similar al que ya siguieron ante el Supremo la exdiputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel y la ex consejera catalana Meritxell Serret. Tras regresar de Suiza y Bélgica, respectivamente, prestaron declaración ante Llarena y éste las dejó libres para después poner fin a la investigación y avanzar a juicio.