Los puentes entre el Gobierno y el principal partido de la oposición están tan rotos que ni siquiera la política exterior, de la que se predicaba que era una política de Estado y basada en unos consensos básicos que la sacaban del enfrentamiento partidista, ha dejado de tener esa categoría y se ha convertido en un motivo más de discrepancias, de acusaciones mutuas y de ausencia de ganas de llegar a acuerdos. La responsabilidad es mutua pero con un plus del Ejecutivo que al menos tendría que comunicar al PP las decisiones a adoptar, pero este partido utiliza también la política exterior para poner en aprietos a Pedro Sánchez porque conoce perfectamente que sus socios no apoyan algunas de sus decisiones, sobre todo las relacionadas con la ayuda militar a Ucrania, mientras que en el caso del reconocimiento de Palestina como Estado, los populares mantienen una posición proisraelí pese a defender la solución de los dos Estados.    

La visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski a España, donde firmó  un acuerdo bilateral de seguridad con el compromiso de que España facilitará armamento a Ucrania por valor de 1.129 millones de euros a los largo de los dos próximos años, crea tensión entre los socios parlamentarios del Gobierno, de vocación antimilitarista y que no dejan de abogar por una solución pacífica al conflicto, algo impensable mientras Rusia no retire a sus tropas. De ahí que el acuerdo no sea un tratado internacional que obligaría a un debate en el Congreso donde las discrepancias volverían a ser utilizadas por el PP para señalar que la legislatura está agotada.

Zelenski, que tuvo que aplazar esta visita hace diez días tras una ofensiva rusa sobre su territorio, reclama más armamento y aunque a lo largo de los más de dos años que dura la invasión de Ucrania las posiciones están básicamente estancadas, a pesar del desequilibrio en cuanto a la potencia de fuego, los suministros militares no llegan a Ucrania con la continuidad necesaria.

El Consejo de ministros del martes aprobará el reconocimiento de Palestina como Estado de pleno derecho, una decisión tomada al unísono con Irlanda y Noruega que se sumarán a los otro ocho países europeos que ya han transitado ese camino, y que se espera que sigan algunos más. La reacción del gobierno israelí con amenazas nada veladas y con decisiones consulares que dificultarán la vida de los palestinos ha sido rechazada por el Ejecutivo en su conjunto. Para el Gobierno de Netanyahu cualquier cuestionamiento de sus ataques sobre la Franja de Gaza son sinónimo de antisionismo y de apoyo a Hamás. Una posición que ha calado entre la derecha española a pesar de las continuas condenas a las acciones terroristas de Hamás por parte del Gobierno que no ha hecho sino situarse del lado del derecho internacional y de las decisiones de tribunales internacionales, que comienzan a hablar sin paños calientes de genocidio por los 35.000 muertos causados y el cerco por hambre a la población gazatí.

Y en este caso las discrepancias entre el Gobierno y el PP no pueden ser más evidentes. Sin duda, la decisión del Gobierno no tendrá ninguna incidencia en el ánimo de Netanyahu para parar la guerra, como no la tiene que otros 145 países hayan reconocido ya a Palestina, y Feijóo dice que ahora no es oportuno el reconocimiento de Palestina pero, como en otras cuestiones, cuando no hay voluntad política, nunca se encuentra el momento