Aunque la bulería es más conocida en España como una modalidad de cante y baile flamenco, la etimología de la palabra permite afirmar que es sinónimo de algo con tintes de mentira o embuste. Y esta última acepción nos lleva al debate que preside los últimos días la agenda púbica de este país a propósito de los bulos o afirmaciones falsas que lanzan determinados medios de comunicación. La difusión de información incierta, sin contrastar, no es una cuestión que afecte sólo a España, sino al conjunto de los países por muy desarrollados que creamos.
El origen se debe a diferentes razones, como la comentada falta de verificación de su procedencia o la desaforada búsqueda de audiencia sin importar la veracidad de la noticia y, por supuesto, a motivos de índole ideológica y política.
Raro es el medio o formato de comunicación que no haya tenido que afrontar una acusación o reproche de este calibre, y cuyo grosor de afrenta depende de los intereses que haya en juego y la escalada del supuesto engaño.
Los códigos deontológicos ya advierten sobre la trampa de caer en estos infundios y la importancia ineludible de consultar siempre fuentes confiables, verificando además la información a través de múltiples fuentes con un criterio crítico y profesional. Por este motivo, y tras la reciente e inaudita excedencia de cinco días del presidente del Gobierno, el PSOE ha vuelto a activar el llamado comité contra la desinformación dentro del plan anti-bulos que, por lo visto, prepara Pedro Sánchez para luchar contra lo que él denomina la 'máquina del fango'. Este comité, una especie de 'Equipo A' contra las famosas 'fake news', alarga sus tentáculos para emprender no solo un señalamiento directo a medios, sino también a periodistas, lo que abre varias interrogantes no menores ¿Se basa esta estrategia en una campaña de simple victimismo y de abuso de poder desde La Moncloa? O ¿se trata de una cortina de humo para desviar la atención sobre otros asuntos? Porque sabido es y contrastado está que existen en todas las esferas públicas y privadas determinadas fuentes que se arrogan esa capacidad informativa sin el mínimo rigor.
Trabajo hay por delante para mejorar la calidad y la escrupulosa tarea informativa, especialmente en el ámbito de las redes sociales. Un cumplimiento que exige el concurso de unos y otros y, sobre todo, la voluntad real de desterrar la atávica práctica de caer en manipulaciones en función de intereses económicos y políticos. La independencia absoluta de los medios de comunicación con respecto a los poderes públicos parece aún una quimera, pero cierto es que hay trecho en materia legislativa y regulatoria. Lo que, en cambio, no hay es ningún margen para rasgarse las vestiduras desde una posición ejecutiva para cambiar unilateralmente las reglas del juego y, si hace falta, hasta la independencia judicial, a la que todos, sin distinción, nos debemos someter en igualdad de condiciones. Lo contrario será un baile por bulerías y más ruido y fango.