Las últimas informaciones sustentadas en los documentos que elaboraba la policía patriótica organizada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para espiar a dirigentes políticos catalanes, apuntan a que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, era el último receptor de esos escritos. Son conjeturas, sospechas, como tantas otras en las que se basa la vida política nacional, que las prefiere a los hechos.
"La constitución en el Congreso de tres comisiones de investigación tienen el objetivo de ver si sacan algo, que ya les digo que lo tienen muy crudo, para después ir a los tribunales. Es la clave de lo que está pasando", ha dicho Mariano Rajoy a cuenta de la 'operación Cataluña' y las consecuencias que puede tener para él: ninguna. Las palabas de Rajoy traen el eco de otras de Felipe González cuando afirmaba que nunca se podría demostrar que él era la ´X´ que el exjuez Baltasar Garzón colocó en la cúspide del organigrama de los GAL.
Que nada ocurre por casualidad parece evidente. Que los papeles del espionaje a los líderes del procés se hayan puesto en circulación ahora cuando está en pleno debate la ley de amnistía, se cruzan informes jurídicos sobre la constitucionalidad de la norma, se reúnen los partidos para acordar las enmiendas y se enconan las posiciones políticas obedece a la oportunidad del momento, porque es un elemento más que entra en el debate y sirve para tratar de distraer la atención. Pero desde el otro lado ocurre lo mismo, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera ha dicho también lo evidente, que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, siempre actúa "en momentos políticos sensibles y siempre en la misma dirección", por su decisión de incidir en que el expresidente catalán, el prófugo Carles Puigdemont, sea investigado por terrorismo, cuando este es un punto clave en la tramitación de la ley de amnistía. En los cuatro años que ha tenido el sumario obre Tsunami Democrátic en sus manos no había realizado ninguna diligencia en esa dirección. Por supuesto, la vicepresidenta no responde si esa casualidad es un acto de lawfare. Que cada quien saque sus conclusiones. Y sobre todo cuando todas las causas relacionadas con el espionaje a los políticos catalanes y la fabricación de pruebas falsas peregrina de unos juzgados a otros como la falsa moneda.
La actual dirección del Partido Popular trata de minimizar los daños que estas informaciones pueden causarle y ha optado por la táctica de señalar que se trata de hechos sucedidos cuando ninguno de los actuales dirigentes tenía responsabilidades orgánicas, acompañada de guardar el máximo silencio para no involucrarse en una cuestión en la que tare o temprano se van a ver salpicados.
Que todo el mundo "lo tenga crudo" para saber si la policía patriótica reportaba a Mariano Rajoy puede ser una realidad, pero que no se pueda demostrar de forma fehaciente, o en un juzgado o que se salga bien librado de las preguntas en una comisión de investigación parlamentaria no empece para que el estigma sobre el partido salte a la palestra cuando los adversarios políticos lo consideren oportuno -como ocurre todavía con los GAL--. De Rajoy no se ha podido demostrar que fuera uno de los 'sobrecogedores´ que aparecen en los papeles de Bárcenas, pero la referencia a "M.Rajoy" le persigue.