El acuciante problema de falta de médicos que arrastra la sanidad pública se extiende con mayor incidencia al interior de las cárceles de Castilla y León, donde solo están cubiertas tres de cada diez plazas de facultativos fijadas en la relación de puestos de trabajo de cada centro penitenciario. Esto supone que de los 44 médicos que deberían atender los problemas sanitarios de los casi 4.000 reclusos  que se encuentran cumpliendo pena en la Comunidad, apenas hay doce doctores para las ocho prisiones autonómicas –una por provincia a excepción de Zamora–. Una situación que es especialmente grave en los penales de Ávila, Soria y Valladolid, donde no hay ninguna plaza de médico cubierta, tal y como se desprende de una respuesta parlamentaria del Gobierno al Grupo Popular. Fuentes de Instituciones Penitenciarias reconocen a este periódico que, a pesar de que la RPT fija en el 27% el número de plazas de facultativos ocupadas, la cifra real de médicos en las cárceles de la Comunidad escala hasta el 41%, es decir, cuatro de cada diez cubiertas, si se tienen en cuenta los interinos que actualmente están pasando consulta en los penales regionales.

Bajando la lupa hasta cada uno de los centros penitenciarios de la Comunidad, se atisba la gravedad del problema. Más allá de las tres cárceles ya mencionadas sin ninguna plaza ocupada, las prisiones de Burgos, Palencia y Salamanca apenas tienen una el 25% asignadas, y solo León y Segovia llegan hasta el 50%. Pero la abultada falta de profesionales médicos en las cárceles no es un problema exclusivo de Castilla y León. Ni mucho menos. En el conjunto de las prisiones españolas la tasa de ocupación de facultativos en los penales ronda el 32% –sin contar el País Vasco y Cataluña, que tienen transferidas las competencias–, ligeramente por encima de la media de la Comunidad (27,2 por ciento), con solo 125 de las casi 400 plazas de médicos asignadas.

Una situación de la que son muy conscientes en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que insisten en que se lleve a cabo la transferencia de las competencias de sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. Postulado que aparece contemplado en la disposición adicional sexta establecida en la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Es decir, más de dos décadas después, solo tres comunidades –Cataluña, País Vasco y Navarra– tienen asumidas las competencias sanitarias dentro de las cárceles. En cualquier caso, desde la Secretaria General defienden los procesos selectivos que se están llevando a cabo para revertir la crónica falta de médicos en las prisiones.

«Colapso»

La ausencia de facultativos en las cárceles no es un problema nuevo, y se ha convertido en una de las grandes reclamaciones de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), que no oculta que la situación actual ha llegado a un nivel de «colapso». «Los médicos intervienen en muchos aspectos regimentales y de tratamiento de las personas privadas de libertad», señalan desde el sindicato, que avisan que esta precariedad también afecta a la propia seguridad dentro de los penales. «Los médicos deben atender a los internos a su ingreso y hacer una valoración clínica y cribado para evitar problemas de salud pública en el interior, como brotes de enfermedades infecciosas o parasitarias».

En esta línea, desde Acaip recuerdan que la falta de especialistas médicos en los centros penitenciarios, va más allá de de una peor atención a los reclusos: «Se trata de no establecer una doble pena a quienes se encuentran privados de libertad». Es por ello que insisten en un «compromiso» entre la administración penitenciaria y las comunidades para «no dejar caer el sistema sanitario penitenciario». Por último, y de la misma forma que dentro del Sistema Nacional de Salud, la próxima batería de jubilaciones dentro del colectivo vendrá a acrecentar, más si cabe, el problema médico dentro de las cárceles.

Enfermería roza el lleno

A diferencia de lo que ocurre con los médicos, el área de enfermería de las cárceles de Castilla y León está mucho mejor cubierta. De hecho, nueve de cada diez plazas fijadas en las relación de puestos de trabajos de los ocho penales autonómicos están ocupadas en la actualidad. Concretamente, están cubiertas 52 de las 58 están ocupadas en los centros penitenciarios de la Comunidad. Precisamente, los tres centros que carecen de médicos –Ávila, Soria y Valladolid–, alcanzan el 100% de ocupación de puestos de enfermería. Les sigue el penal de Villahierro (León), con el 89%, el de Burgos, con el 83,3%, y los de Palencia y Topas (Salamanca), con el 81,82 por ciento en ambos casos.

Gasto externalizado

La sanidad en las cárceles también tiene otra vertiente, como es el coste de los servicios que han tenido que ser externalizados por los penales por la falta de material, medios o medicamentos. Una cuenta que en 2022 ascendió hasta los 4,44 millones de euros en los ocho centros penitenciarios de Castilla y León, hasta los 3,8 millones hasta el 23 de noviembre del pasado año, último dato oficial.