La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha presentado su dimisión al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la investigación judicial a su marido en relación con las supuestas irregularidades en adjudicaciones de la Junta de Andalucía.

Gámez ha anunciado su decisión en una declaración institucional y, según han indicado fuentes de Gobierno, será sustituida por la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.

Respaldada por el director adjunto operativo (DAO), Pablo Salas, y los mandos de Operaciones, Félix Blázquez; de Personal, Manuel Lamas, y de Apoyo, Arturo Espejo, la hasta hoy directora general del instituto armado ha justificado su decisión de dejar el cargo en que su marido ha sido citado "en el marco de una investigación judicial".

Una decisión "difícil", según ha reconocido, pero tomada para "proteger a su familia y a la Guardia Civil", dos motivos "irrenunciables".

La dimisión de Gámez se produce semanas después de que saltara el escándalo del denominado caso Cuarteles, en el que un juzgado de Madrid investiga presuntas irregularidades en las obras y reformas en trece comandancias de la Guardia Civil.

Un caso que comenzó a investigar Asuntos Internos del cuerpo en 2019, cuando gobernaba el PP, y que recientemente volvió a saltar a la luz pública a raíz del caso Mediador, en el que se indagan presuntas mordidas de empresarios a un exdiputado del PSOE y al general de la Guardia Civil jubilado Francisco Espinosa Navas, en prisión provisional por esta causa y relacionado con la supuesta corrupción en las obras de cuarteles.

A estas dos causas que salpican a la Guardia Civil, se suma el caso Grapa, en el que un juzgado madrileño investiga a una veintena de personas, físicas y jurídicas, por presuntos amaños en contratos relacionados con uniformes del cuerpo.

El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha citado a declarar próximamente a varios investigados, entre ellos la empresa El Corte Inglés, en la causa abierta tras esta Operación Grapa, llevada a cabo en 2020.

Durante su comparecencia y tras defender la presunción de inocencia de su marido y de cualquier ciudadano, Gámez ha recalcado que ha tomado esta decisión por "principios, honestidad y responsabilidad", porque proviene de una "cultura personal, política y profesional con unos valores y una ética por encima de cualquier proyecto".

Y ha sido tajante al asegurar que "ni por asomo" podía permitir que el caso de su marido se usara para "dañar a la Guardia Civil, sus representantes y el Gobierno de España". "Ninguno lo merece", ha enfatizado.

Gámez se hizo cargo del cuerpo en enero de 2020, hace ahora algo más de tres años, y durante ese periodo ha querido que su gestión se basara en el diálogo, en la búsqueda de consenso y en un trabajo destinado a la eficacia y al mejor servicio al ciudadano, ha dicho.

Además, se ha mostrado "orgullosa" de dirigir una institución con 179 años de historia y ha insistido en que en su mandato "ha tratado de dar lo mejor" de sí misma "para dar más si cabe a la sociedad española".

María Gámez ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; a la titular de Defensa, Margarita Robles, su confianza, y a todo el equipo directivo y de mando de la Guardia Civil y a su familia por su "comprensión y enorme sacrificio".

Y ha concluido: "Me voy satisfecha por lo conseguido y orgullosa por poner mi granito de arena para que la Guardia Civil continúe como una de las instituciones más valoradas por los ciudadanos".

El marido, investigado por prevaricación, malversación y blanqueo

El juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha llamado como investigado a Juan Carlos Martínez, marido de María Gámez, en una pieza separada de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos de la Junta de Andalucía.

Es una pieza correspondiente a presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y blanqueo de capitales por los fondos transferidos por Bienvenido Martínez, hermano de Juan Carlos, como otrora presidente de la ya extinta empresa de Linares (Jaén) Santana Motor, participada por la Administración andaluza, en beneficio de su propia empresa Experience Management Group.

Así figura en dos autos emitidos los días 22 de febrero y 16 de marzo por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, explicando el primero de ellos que esta pieza separada de la macrocausa de los ERE indaga presuntos delitos en "la gestión del Centro de Negocios de Empresa de Andalucía en Madrid, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y, en particular, la irregular contratación y transmisión de fondos en favor de la entidad Experience Management Group".

De esta entidad era titular Bienvenido Martínez, cuyo currículum incluye puestos como presidente de Santana Motor, participada por la Administración andaluza; director de Inversiones Estratégicas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), consejero en la empresa de capital de riesgo Invercaria y en la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea) o presidente de la empresa Fabricados para la Automoción del Sur (Fasur), dependiente de IDEA.

Según la investigación, entre 2009 y 2011, siendo Bienvenido Martínez presidente tanto de Santana Motor como de Experience Management Group, el grupo de empresas de Santana "habría transferido 339.701 euros en beneficio de su propia empresa Experience Management, presumiblemente en virtud del alquiler de un despacho" en las oficinas de un centro de negocios en Madrid gestionado por Experience Management, después de que la Junta de Andalucía contratase a esta entidad de Bienvenido Martínez precisamente para encargarse de tal centro.

Adjudicación "sin licitación pública"

Según el auto, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, de la que dependía IDEA, habría adjudicado a Experience Management el contrato de gestión de dicho centro "de manera directa, sin ningún tipo de licitación pública, negociada o de selección de posibles contratistas", toda vez que Bienvenido Martínez ostentó el puesto de director de Inversiones Estratégicas de la Agencia IDEA "hasta el mismo de día de antes de formalizarse el contrato", según el juez Vilaplana.

Según expone el juez instructor del caso, de las actuaciones derivaría que "la contratación habría sido realizada sin justificación administrativa o económica alguna, pues no se indican las razones en virtud de las cuales la Agencia IDEA o su ente instrumental Fagia carecían de medios para llevar a cabo de manera directa la gestión del centro de negocios" encomendado a la empresa de Bienvenido Martínez.

"Situación de incompatibilidad"

Bienvenido Martínez, según el juez instructor, se encontraría además "en situación de incompatibilidad para la prestación de los servicios contratados con su empresa Experience Management en calidad de entidad particular privada, por cuanto siendo empleado público directivo de la Agencia IDEA y representante de ésta en Soprea, Fasur y en el Grupo Santana Motor, habría de reunir la condición de funcionario público a los efectos del artículo 24.2 del Código Penal".

Merced a diferentes actuaciones como un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el juez indica que Experience Management "habría percibido ingresos por importe total de 1.364.034 euros", figurando principalmente 339.701 euros de Santana, 280.974 de Fagia y 201,568 euros de Fasur, participada por IDEA; "coincidiendo precisamente, al propio tiempo, con el desempeño" de Bienvenido Martínez como presidente de Fasur.

También habría recibido 501.500 euros de la empresa Laboratorios Rovi, que "su vez, habría recibido ingresos, subvenciones y ayudas de la Agencia IDEA.

Las empresas de sus hermanos

Los datos fiscales y el mencionado informe de la UDEF señalan, según el auto, que Experience Management Group, según las pesquisas, habría transferido fondos "a otras empresas gestionadas por los hermanos" de Bienvenido Martínez, "en concreto a la sociedad Be Make Create, titularidad de Manuel Martínez; y en favor de la sociedad Job Management Liberty, "titularidad de Juan Carlos" Martínez, esposo de María Gámez, hermano este último "quien además habría sido directivo de Incuba, Soprea y de Fagia en 2010 y 2011".

Estas dos sociedades, según el auto, habrían recibido además 128.800 euros de Laboratorios Rovi, "subvencionada por la Agencia IDEA", según recuerda el juez instructor.

Así, el juez ha incluido como investigados en la causa a Bienvenido Martínez, Carlos F-P.G. como administrador único de Fagia y Jacinto Cañete como entonces director general de IDEA, apreciando presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y blanqueo de capitales.

También investigados

Y "ante la posibilidad de que Manuel M.M. y Juan Carlos M.M.", hermanos de Bienvenido Martínez, "pudieran haber tenido algún tipo de participación material en los hechos delictivos objeto de las actuaciones, cuya relevancia penal pudiera deducirse del conjunto de lo actuado", el juez ve "pertinente que, para la mejor salvaguarda de sus derechos constituciones", ambos "sean llamados al presente proceso en calidad de investigados", según figura en el auto de fecha 16 de marzo.

"Se estima procedente que su declaración como investigados se practique una vez obren en autos los informes y diligencias acordadas recabar" de la Policía Judicial de la Policía Nacional, la UDEF, la unidad de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción y de la Intervención General de la Junta de Andalucía, según el segundo auto.