El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se quejaba recientemente de que la oposición no le hiciera preguntas en las sesiones de control del Congreso y lo presentaba como una muestra de la buena gestión del Gobierno. A tenor de algunos datos e informes prospectivos puede que no le falte razón, pero su afirmación oculta otra realidad mucho más preocupante: en España la economía ha dejado de ser relevante; ni está en el debate público, ni está entre las prioridades del Ejecutivo.
Enfangados en debates territoriales e identitarios y ahogados por la polarización política y la necesidad populista de un resultado electoral inmediato, las grandes reformas estructurales que modernizaron la economía española a finales del siglo pasado se han sustituido por una política asistencial y reactiva dirigida a paliar los efectos de los problemas antes que en atajarlos.
Pese a ello, la economía española se enfrenta a grandes retos que no pueden esperar (el FMI cita las reformas del sistema fiscal, del mercado laboral y de las pensiones) y a grandes debilidades que condicionan el presente y futuro de los españoles, como el fracaso de las promesas de reindustrialización, que se plasma en que sean las administraciones públicas las principales beneficiarias de los fondos europeos, diseñados para fortalecer el tejido industrial del país.
En este sentido, cabe señalar la oleada de operaciones corporativas con el común denominador de introducir actores extranjeros en la toma de decisiones de sectores estratégicos como una muestra de debilidad del país. El proceso comenzó en febrero de 2023 con el traslado de la sede de Ferrovial a Holanda para ayudarle a cotizar en Wall Street. Un ejemplo de la atonía de los despachos del Ministerio de Economía es que un año después de conocerse esta circunstancia no se haya modificado ni un reglamento para facilitar a las compañías españolas el acceso al primer mercado de capitales del mundo.
Esta operación ha venido acompañada más recientemente por la toma de posiciones de capital foráneo en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, los transportes y la energía en un momento de enorme tensión geopolítica. En todos los casos, la respuesta del Ejecutivo, de formas grandilocuentes, se ha caracterizado por la reactividad, lo que revela la ausencia de un diseño estratégico sobre el papel de los 'campeones nacionales' del tejido productivo español y hasta qué punto el Ministerio es ajeno a la situación de las grandes compañías españolas que, por otro lado, se ven sometidas a la incertidumbre política, a la inseguridad jurídica y a la censura expresa de los gobernantes.
Con un gasto público creciendo a un ritmo del 3,8 por ciento en un momento de vuelta a la ortodoxia en las cuentas públicas, España debe tener claras sus prioridades a riesgo de perder el control sobre sus sectores estratégicos, es decir, sobre su propia soberanía.