El ruido no deja oír nada, pese a lo cual la judicatura parece haberse apuntado, y como actor principal, al estruendo político. Tanto es así, que ese importantísimo estamento de la organización social que cifra su condición garantista en la cautela y la neutralidad, se puso, como si dijéramos, la venda antes de recibir la pedrada de la amnistía, esto es, de una ley que ni había sido aprobada ni redactada siquiera, adoptando una actitud beligerante contra ella. Pero ahora, que la redacción de esa ley incluiría entre lo amnistiable, por el acuerdo entre PSOE, Junts y ERC, aquellos delitos emparentados con la violencia que, sin causar muertes, sí produjeron conmoción y estragos, ese mundillo judicial, la parte más conservadora de él particularmente, está que se le llevan los demonios.
El ruido no deja oír nada, pero el ruido de togas sí que se oye perfectamente. Por fortuna, no es el ruido de sables, que a excepción de esos nostálgicos de los Tercios de Flandes que llaman malnacidos a los españoles a los que no les gusta Isabel Díaz Ayuso, ya no suena en nuestro país, pero el de las togas, el ruido de togas, suspende también mucho el ánimo por cuanto revela, más allá de estos episodios puntuales relacionados con el "procés", un deficiente y áspero machihembramiento entre los poderes legislativo y judicial. El recurso a Europa anunciado por éste para obstruir lo que anda legislando aquél, no anuncia, desde luego, cambios en los términos de ese divorcio total.
Una cosa es, ciertamente, que juristas y magistrados expresen sus opiniones y sus dudas profesionales sobre una ley, y otra, muy distinta, que expresen sin ambages que no la quieren ver ni en pintura. Desde las súbitas prisas del controvertido juez García Castellón por empapelar hasta lo inamnistiable a un montón de gente, hasta los recurrentes dicterios del caducado y en consecuencia caduco CGPJ, pasando por las concentraciones protestatarias de togas ante los juzgados o por esa Plataforma de juristas que ha elaborado un tutorial para eludir vía Europa o trampear la futura aplicación de la ley de amnistía, el paisaje judicial no puede ser ni más abrupto ni más hostil.
Es verdad que el permanente chantaje de Puigdemont no ayuda a elaborar debidamente, con exquisito respeto a todos los valores democráticos, una ley, la de amnistía, que debiera ser tan benéfica para los amnistiados como para los amnistiadores, el pueblo español, pero también lo es que el ruido, ese desconcertado y sesgado guirigay de togas, le sienta como un tiro a la institución que debiera ser ejemplo de prudencia, tacto, sujeción y serenidad.