El martes, en la Comisión de Justicia del Congreso, volvieron a saltar por los aires todas las frágiles líneas rojas que el Gobierno se había marcado, como un "no pasarán", sobre los delitos de terrorismo y la ley de Amnistía.
Junts se salió con la suya, en un intento de garantizar la impunidad a Puigdemont y a Marta Rovira. Su alegría por el logro se expuso con rotundidad en sus declaraciones a los medios, mientras el pobre Bolaños ya no sabía cómo explicar este enésimo cambio de criterio.
El problema es que los independentistas están queriendo atar tan en corto sus exigencias que están descuidando términos jurídicos que podrían dar a los tribunales, mayor papel del que desean. Algunos expertos juristas consideran que los cambios introducidos el martes, en el que se deja en manos del Convenio Europeo de Derechos Humanos la calificación de que es un delito terrorista, lo que hace es dar mayor protagonismo a la jurisdicción europea en la aplicación de la amnistía.
Por otro lado, y ante el "éxito" clamoroso de la Ley del Sí es Si, además de la alergia del Ejecutivo a dejarse asesorar por expertos constitucionalistas, podría suceder que este proyecto de ley de amnistía no cubra las expectativas del independentismo por errores de forma. Lo que supondría el colmo del desprestigio del Ejecutivo que, ni aun cediendo al chantaje, logra su objetivo final que es "recuperar la convivencia en Cataluña" y que Salvador Illa sea el próximo president de la Generalitat.
Además, pese al empeño del criticado juez García Castellón, por relacionar la muerte de un ciudadano francés con los disturbios en el aeropuerto del Prat, provocados por los CDR y Tsunami Democratic, supuestamente a las órdenes de Puigdemont y Marta Rovira, son más los juristas que califican los hechos como graves desórdenes públicos. Tan graves que colapsaron determinados barrios de la Ciudad Condal, quemando coches, contenedores, rompiendo escaparates y confinando a los vecinos en sus domicilios noche tras noche.
¿Sintieron terror los vecinos de Barcelona? La respuesta queda ahora en manos de un juez que será quien aplicará la ley de amnistía.
Las preguntas que empiezan a hacerse los militantes socialistas, ante la enésima línea roja franqueada, son: qué capitulaciones más va a tener que hacer su grupo parlamentario para poder sacar adelante los presupuestos generales del Estado y si una legislatura con tal incertidumbre y descrédito merece la pena. ¿Puede un Ejecutivo mantenerse cuatro años en el poder sin capacidad de legislar, afrontar reformas, o validar las cuentas? Pese al apoyo explícito y entusiasta que Pedro Sánchez recibió en la Convención del pasado fin de semana en Coruña, el desánimo va calando. Al final, la honrosa salida de buscar un acomodo en la jerarquía de la UE para el inquilino de la Moncloa podría ponerse en marcha antes de lo previsto.