La falta de vivienda a precios asequibles tanto para comprar como para alquiler es uno de los grandes problemas de este país. No es raro, por tanto, que sea una promesa recurrente en cada campaña electoral. Otra cosa es el cumplimiento de esa promesa tiempo después.

Este martes, el Consejo de Ministros, después del consabido anuncio por parte del presidente del Gobierno, volvió a aprobar avales del ICO por 2.500 millones de euros para hacer frente al 20% de la entrada, porcentaje que suele coincidir con el dinero que hay que tener ahorrado para completar la hipoteca.

Los bancos desde la crisis financiera no suelen dar el 100% del precio de la vivienda. No hace mucho se aprobaron también otros 4.000 millones de euros para promoción de vivienda de alquiler asequible en promociones público-privadas. Además, en la campaña para las elecciones autonómicas y municipales de mayo pasado el presidente del Gobierno anunció la puesta en el mercado de 183.000 viviendas de las que, según cuenta ABC, apenas se han concretado 300.

Lo peor de este asunto no es que no se cumplan ni de lejos las promesas electorales es que se toman decisiones que van totalmente en contra de su éxito. Y me explico. La Ley de Vivienda aprobada en la anterior legislatura es un buen ejemplo de ello. La norma ha creado tal inseguridad jurídica que lejos de ayudar a aumentar el parque de viviendas en alquiler lo ha recortado. También el control de los precios y la inacción contra la "okupación" y la "inquiokupación" han logrado que muchos propietarios saquen sus viviendas del mercado o las pongan en venta, lo que se ha traducido en menos viviendas y más caras.

Nadie en el Gobierno quiso entonces ni ahora tener en cuenta las consecuencias de lo que normas semejantes tuvieron en otros países. Se le pusieron ejemplos, se lo dijeron los expertos del sector y aún hoy esa ley sigue en vigor, cuando es la causa principal de que ningún actor de este mercado se sienta seguro. Una razón de peso para que la colaboración público-privada no llegue a buen puerto y para que los propietarios, como decía, retiren sus viviendas del mercado.

Da igual cuántas veces y cuántas viviendas prometan. No va a haber en el mercado 183.000 viviendas ni nuevas ni viejas hasta que cese el intervencionismo y vuelva la seguridad jurídica.