Los países de la Unión Europea dieron este lunes su visto bueno definitivo a la directiva europea sobre trabajadores de las plataformas, que busca evitar la proliferación de los falsos autónomos y mejorar las condiciones laborales en estas empresas.

La directiva persigue asegurar que los países determinen correctamente el estatus laboral de quienes trabajan para las plataformas, de modo que disfruten de los derechos laborales que les corresponden, recordó el Consejo de la UE en un comunicado.

Los Estados deberán establecer una "presunción legal" de empleo que determinará que el trabajador es empleado por cuenta de la plataforma cuando haya hechos que indiquen que hay control y dirección por parte de la empresa de acuerdo con la legislación nacional, los convenios colectivos y la jurisprudencia de la UE.

Cuando haya una disputa sobre este estatus, corresponderá a la plataforma, y no al trabajador, demostrar que no existe una relación laboral.

Además, la directiva regula por primera vez en la Unión Europea el uso de algoritmos en el trabajo.

Entre otras cosas, garantiza que los trabajadores de las plataformas no pueden ser despedidos a raíz de una decisión tomada por un algoritmo o un sistema automatizado y que estas empresas deben asegurar la supervisión humana en decisiones laborales importantes.

Asimismo, introduce disposiciones para proteger la privacidad de los empleados, como la prohibición de que procesen ciertos tipos de datos personales, por ejemplo los relativos al estado emocional o psicológico de alguien o sus creencias personales.

Las instituciones comunitarias calculan que la directiva beneficiará a 40 millones de trabajadores de plataformas en la UE, ya que corregirá el falso trabajo por cuenta propia, mejorará las condiciones laborales y evitará una competencia desleal.

La Eurocámara ya dio su visto bueno a la norma el pasado abril, por lo que, tras la aprobación por parte de los Estados este lunes, la directiva puede ya ser firmada por ambas instituciones y entrar en vigor. No obstante, los países tienen todavía dos años para introducir las normas en sus respectivas legislaciones nacionales.