El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acusa al Gobierno central de "urbanita" con la gestión del lobo, porque "gobierna en Moncloa, solo para Moncloa y para las grandes ciudades", a las que "también está perjudicando, porque con esta decisión va en contra de los productos alimentarios de gran calidad". Suárez-Quiñones apeló directamente a la vicepresidenta Teresa Ribera: "Ministra, esta decisión la puede dejar sin efecto en cualquier momento, mañana mismo, porque está siendo muy dañina", apuntó.

En 'Los desayunos de Ical', y tras la decisión tomada esta semana por los embajadores y ministros del ramo de la Unión Europea de suavizar la protección de este cánido, el consejero sostuvo que es el Ejecutivo el que "tiene que mover ficha, y la puede mover mañana mismo", sacando al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), al que introdujo en 2021 por "razones ideológicas, sin ninguna justificación, en contra de todo y de todos".

Suárez-Quiñones confió en que la tramitación iniciada esta semana en Bruselas para suavizar la protección de lobo no se retrase en el tiempo, si bien admitió que hasta diciembre no se reunirá la Convención del Convenio de Berna, que data de 1979, en la que se discutirá esta cuestión entre más de 50 estados, y será durante 2025 cuando ya se pueda relajar de estricta protección a simple, un proceso que, dijo, "es sencillo".

El consejero recordó que fue en el año 1992 cuando la Directiva Habitat recogió la regulación marcada en el Convenio de Berna, para establecer que se podía gestionar la caza del lobo en toda Europa, salvo al norte del río Duero, en España, y otro territorio en Grecia. Pero en 2021, criticó Suárez-Quiñones, el Gobierno de España, en contra de las autonomías loberas, "del PP y del PSOE", decidió "aumentar la protección", con su inclusión en el Lespre, "allí donde Europa permite que las comunidades autónomas gestionen el lobo, es decir, al norte del Duero, donde lo declaró como al sur y no se puede gestionar".

A su juicio, en los dos últimos años de vigencia de esa protección se han incrementado los daños un 34 por ciento y "está sometiendo a la ganadería extensiva y semiextensiva a una auténtica pesadilla, donde los ganaderos abandonan". En este sentido, incidió en que su departamento les compensa los daños de "forma voluntaria", pero el profesional "lo que quiere es tener su ganado, y lo que necesita Castilla y León es tener quesos y carnes excelentes, y eso no se hace con indemnizaciones, sino con el ganado".

Cuando se aprobó el Convenio de Berna, manifestó el consejero, Castilla y León contabilizaba en torno a 400 lobos. "Ahora hay unos 2.000. Es un incremento constante", declaró.

El giro de 2023

Suárez-Quiñones consideró que existe un punto de inflexión el 23 de diciembre de 2023, cuando el entonces comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevi?ius, decidió "poner en marcha esta modificación, para la protección se redujera de estricta a simple". "Era el mismo comisario que torcía el morro en nuestra primera visita", sentenció el consejero, quien se congratuló de que después de este año de tramitación para trasponer y ejecutar lo que dice el Comité a Cámara, finalmente la decisión tomada esta semana, y ratificada este jueves por los ministros, vaya en la misma posición que la manifestada "reiteradamente" por la Junta.

En todo caso, afeó que esta modificación haya recibido el voto a favor de 21 de los 27 estados, entre los que no estaba España que, junto a Irlanda, lo hizo en contra, mientras que se abstuvieron Eslovenia, Chipre, Malta y Bélgica. "Hay 21 que han dicho que no puede ser. Que estos daños a la ganadería, al medio rural y al territorio pueden provocar el abandono, con lo que sería pasto de los incendios", defendió, tras cargar contra la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, por este voto, contra los "intereses" de Castilla y León, cuya gestión cinegética defendió por ser "muy responsable en estos años, equilibrada, que garantizaba el estado de conservación favorable del lobo, pero con un equilibrio con la ganadería y unos daños limitados". 

"Esto es lo que ha decidido Europa plantear en el Convenio de Berna, volver a eso", aseveró Suárez-Quiñones, quien advirtió de que esto, si sale adelante, afecta al sur del Duero, porque al norte ha sido el Gobierno español el que lo modificó "voluntariamente" con su entrada en el Lespre.

Al respecto, acusó también a la ministra de "dejar correr la pelota", argumentando que a pesar de la decisión de esta semana en la UE queda mucho camino. "¡No!, vamos a ver qué pasa nada no. En todo caso vamos a ver qué es lo que pasa al sur. Si realmente Europa decide acabar con la estricta protección, afecta a Segovia, Ávila, Salamanca y parte de Zamora, que no es poco, porque los mayores ataques están en Ávila y podremos recuperar la posibilidad de gestionar la especie. Pero ojo, el Gobierno podría hacer lo mismo, voluntariamente, y establecer la estricta protección e incrementarla como ha hecho al norte", se despachó.

Por lo tanto, incidió en la "responsabilidad" que recae sobre el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, que "sigue enrocado en una 'sostenella y no enmendalla', en una huida hacia adelante, votando en contra del resto de Europa, yendo en sentido contrario y rebelde". "Esto refleja una falta total de conocimiento por parte del Gobierno español de la realidad del medio rural, que no le interesa para nada", sintetizó.

Por ello, reiteró que es "voluntad" del Gobierno "sacar mañana mismo al lobo del Lespre". "Que no engañen a nadie, ni a los ganaderos ni al territorio, que la situación creada y que estamos viviendo de forma dramática en el medio rural es responsabilidad del Gobierno y puede acabar con ella hoy", repitió.

"Sensibilidad" de Ribera

Suárez-Quiñones deseó a la que será nueva comisaria europea Teresa Ribera que asuma la cartera de la Transición Limpia, Justa, Competitiva y Competencia con "la responsabilidad, la sensibilidad y el compromiso con la ganadería española y con el medio rural". "Es que están solos. Porque Europa va en otro sentido, en otro camino. Y esa soledad se puso de manifiesto de forma dramática hace tres días, cuando se han quedado con Irlanda, que no tiene un problema de lobo. Si toda Europa dice que esto es lo correcto y ellos siguen enrocados en negarlo y no dar marcha atrás es porque son conscientes del daño que se está produciendo", sostuvo el consejero, quien recordó que el Gobierno tiene en contra a todos los sectores, comunidades autónomas y organizaciones profesionales agrarias, asociaciones de izquierdas, de centro y de derecha".

Ataques y daños del lobo

El responsable de la cartera medioambiental trasladó que el número de ataques creció un siete por ciento en el primer semestre de 2024, respecto al mismo periodo de 2023, con 1,762, frente a 1.648. Por su parte, el número de cabezas de ganado que perecieron por esta razón cayó un seis por ciento, al pasar de 2.540 a 2.393 en los primeros seis meses de ambos ejercicios.

Esto supuso una indemnización que rozó los 2,5 millones de euros, pero que están asociados a trámites de este mismo año y a expedientes de otras anualidades.

Por provincias, Ávila es la más perjudicada, con uno de cada tres ataques, aunque un porcentaje menor de reses muertas. Aún así, según los datos ofrecidos por la Consejería, los daños bajaron un 11 por ciento en el periodo de estudio, la mayor parte de vacuno (570).

A Ávila se sigue Segovia (282 ataques, y 329 cabezas) y Zamora (269 ataques y 384 cabezas). Son las tres más afectadas. En el resto, el daño fue bastante inferior. De hecho, entre las tres suman dos terceras partes del total autonómico. Al contrario, en Valladolid sólo se registraron ocho ataques y 11 reses muertas, todas de vacuno, y en Soria, con 16 ataques y 50 animales muertos, casi todas en ovino.