Un buen funcionario sabe distinguir y no confunde Gobierno con Estado y en su trabajo la circunstancia política ocupa un lugar secundario respecto de su función pública. La Fiscalía es un órgano jerárquico y su estatuto obliga a velar para que se cumpla la ley pero manteniéndose neutral respecto de la contienda política.
Actuaciones como la que ha protagonizado estos días alrededor de la revelación del contenido de supuestos acuerdos de conformidad -acuerdos privados entre la Fiscalía y el abogado de Alberto González Amador, un ciudadano denunciado por fraude fiscal-, podrían haber vulnerado el derecho de defensa del cliente: "pilar fundamental del Estado de Derecho" según ha recordado el Colegio de Abogados de Madrid al anunciar la presentación de dos denuncias - una por vía penal y otra administrativa - para identificar a los responsables de dos posibles delitos: infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. Supuestos ambos tipificados como delitos en el Código Penal y también como falta muy grave en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que sanciona "la divulgación indebida de información obtenida por motivo de sus funciones cuando dicha revelación perjudica la integridad de los procesos judiciales o afecta a cualquier individuo involucrado".
Así los hechos, uno se pregunta cómo hemos llegado hasta aquí y la respuesta es sencilla: porque el "individuo involucrado" en el caso es un ciudadano qué ¡vaya casualidad" es el novio o pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
De no haber mediado esta circunstancia nunca nos habríamos enterado de que la Agencia Tributaria le ha llevado a los tribunales bajo la acusación de haber cometido fraude en su declaración de la Renta. Esta es la almendra del caso.
A este ciudadano mientras una sentencia judicial no diga lo contrario le asiste la presunción de inocencia. Pero se la han retirado las informaciones publicadas a raíz de la quiebra del secreto que debía amparar la actuación de la Fiscalía. Lo sucedido, más allá de recordar que el tal Alberto González Amador debe cumplir con el Fisco, nos trae a la memoria aquel chusco diálogo (25/9/2020) entre un prepotente Pedro Sánchez y un azorado presentador de la radio pública."¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende?... sí, sí, del Gobierno... Pues ya está". Estará, pero no está bien, porque hay que recordar que el Gobierno no es dueño del Estado.