¿Tiene precio la amnistía? Social y políticamente sin duda, pero económicamente también. El perdón al secesionismo que reclaman ERC y Junts para posibilitar la investidura de Pedro Sánchez podría llegar a abarcar la responsabilidad contable por el procés (término legal relativo al gasto ilegal de fondos públicos) de unos 40 exaltos cargos catalanes encausados en el Tribunal de Cuentas por las consultas independentistas del 9-N y el 1-O, un monto que podría superar los 10 millones de euros.

Expertos en legislación, apuntan que la hipotética ley de amnistía podría alcanzar no solo las responsabilidades penales, sino también las civiles, administrativas y contables, lo que supondría perdonar también los hechos analizados en el órgano de Cuentas.

En este sentido, enfatizan que, aunque a priori las leyes del perdón genérico suelen estar dirigidas a los ilícitos penales, nada impide que se amplíe a otras infracciones. La proposición de ley lanzada en 2021 por ERC, Junts, PDeCat y la CUP fijaba el punto de partida de la amnistía en el 1 de enero de 2013, cuando arrancó el proceso que derivó en la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.

Además, recogía expresamente que las conductas perdonadas serían «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que sea su resultado, tipificado como delitos o como conductas administrativamente punibles», incluidas «las sanciones dictadas por el Tribunal de Cuentas».

Siguiendo este hilo, los constitucionalistas apuntan que la Ley de Amnistía de 1977 marca un precedente por cuanto indultó infracciones de toda índole, desde las penales hasta «administrativas o gubernativas realizadas con intencionalidad política», e incluso «las de naturaleza laboral y sindical».

Situados en este escenario, habría que distinguir entre el procedimiento contable por el 9-N, ya cerrado con sentencia firme, y el del 1-O, cuyo juicio está previsto abrir el próximo 17 de noviembre.

En 2018, el Tribunal de Cuentas condenó al expresidente catalán Artur Mas y a nueve miembros de su Gobierno a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros por organizar la consulta independentista del 9-N. Y a esa cifra se suma casi un millón más por los intereses devengados. En total, casi seis millones de euros.

Aunque el juez fijó que los 10 condenados debían hacer frente al pago de forma conjunta y solidaria, también señaló como principal responsable a Mas, al determinar que tendría que responder por todos en caso de que los demás no cumplan con el reembolso. No fue hasta febrero de 2022 cuando el órgano fiscalizador levantó el embargo que pesaba sobre bienes de Mas y algunos ex consejeros al considerar satisfecho el importe más sus intereses.

El segundo procedimiento que podría verse afectado es el relativo al desvío de fondos públicos para los gastos del 1-O y de la acción exterior enmarcada en el procés, donde figuran hasta 35 encausados, entre ellos el ex presidente catalán Carles Puigdemont; el que fuera su número dos, Oriol Junqueras; y sus ex consejeros, a los que se les reclama, también de forma conjunta cinco millones de euros.

La sentencia con la que conluirá el juicio del 17 de noviembre vendrá determinada por las acusaciones de la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana (SCC), las únicas presentes en la causa. La demanda del Ministerio Público se dirigía inicialmente contra 35 ex cargos por 3,4 millones de euros, pero luego rebajó su petición económica hasta los 3,1 millones. Por su parte, SCC se dirige contra 11 antiguos miembros del Govern a los que reclama cinco millones.