Los responsables educativos de once comunidades españolas y las dos ciudades autónomas gobernadas por el PP han dado hoy un paso, importante pero insuficiente, para dotar de cohesión al sistema educativo español al cerrar un acuerdo para aunar contenidos, criterios, calendarios y modelo de examen de la EBAU, la prueba de acceso a la Universidad. En la práctica, tal y como señalan estudios independientes, la gestión educativa de las comunidades autónomas ha evolucionado hacia la existencia de 17 modelos que, a tenor del informe PISA, permite que en un mismo país la diferencia entre alumnos suponga hasta un curso y medio de diferencia. La renuncia de los diferentes Ministerios a ejercer sus competencias en la materia, la utilización de la educación en el chantaje nacionalista y la aversión de una parte de la izquierda a conceptos como el esfuerzo o la excelencia sitúa a la educación como el servicio público de menor calidad en España, con excepciones en algunas autonomías que conscientemente han legislado para matizar los corsés impuestos por algunas leyes educativas.

La coartada para mantener este estado de cosas es, forzosamente, la ausencia de una evaluación común que permita analizar las deficiencias del sistema y la calidad de los diferentes métodos y plantear soluciones desde la lógica y no desde los planteamientos ideológicos o, lo que es peor, desde el cortoplacismo de falsear las estadísticas. De ahí la incapacidad del Ministerio para plantear seriamente un modelo de control que sea refleje la realidad y su preferencia por buscar buenos resultados con independencia de los conocimientos del alumno.

Con este contexto, el acceso a la Universidad está reñido expresamente con la igualdad de oportunidades, dado que el sistema de Educación Superior es único, mientras su acceso depende de factores no estrictamente educativos. Es lo que trata de paliar la EBAU común que presentaron ayer los presidentes del PP. No es el esquema óptimo porque lo ideal sería también uniformar gran parte de los contenidos y de los criterios de evaluación, pero es un paso adelante que debe completarse con un análisis riguroso de las fortalezas y deficiencias del modelo educativo en cada comunidad autónoma para converger en lo más importante: dotar al alumnado de herramientas para competir en un mundo que cada vez entiende menos de títulos y más de conocimientos, aptitudes y actitudes. No sólo es garantía de equidad sino también la mejor herramienta de las familias más humildes para que el ascensor social vuelva a ser efectivo.

Con todo, la educación es sólo una de las áreas en las que el sentido de estado debería imponerse a los intereses particulares. Ante la escasa capacidad para romper la espiral de la fragmentación, las comunidades autónomas deberían ser más ambiciosas en poner en común las políticas más sensibles para la vida cotidiana de los ciudadanos, como la Sanidad. Los españoles, con independencia de donde vivan, se lo agradecerán y, posiblemente, empezarán a creer en la acción pública como un instrumento útil.