El sector primario español mantendrá sus movilizaciones en el futuro para que se cumplan sus reivindicaciones, pese a las divergencias que ha suscitado entre las tres principales organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, COAG y UPA) el plan con 43 medidas presentado por el Gobierno. Así lo pusieron de manifiesto el lunes los máximos responsables de estas organizaciones después de que UPA haya sido la única de ellas, junto con Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en apoyar la propuesta del Ministerio de Agricultura tras varios meses de tractoradas.

El presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha acusado a UPA de romper la unidad de acción de las tres OPA; a Unión de Uniones de firmar el documento porque «lo único que le interesa es la representatividad» pese a ser una escisión de COAG; y al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, de «equivocarse» en su estrategia.

Tras haber organizado más de 77 protestas «en unidad de acción» en territorio nacional, ASAJA ha convocado, con COAG y Cooperativas Agro-alimentarias, varias manifestaciones en Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha que se celebrarán hasta finales de mayo.

El secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha afirmado que irán viendo «a partir de ahora» las nuevas protestas, poniendo «los intereses por delante». Mientras tanto, seguirán en negociación con el Ministerio de Agricultura.

Por parte de UPA, su secretario general, Lorenzo Ramos, ha rechazado haber roto la «unidad de acción» y asegura que la organización «ha actuado siempre con responsabilidad» y ha firmado un documento que recogía casi todas sus demandas. Ramos ha asegurado que están «en movilización permanente», ya que «la unidad de acción se demuestra en las movilizaciones» y no descarta manifestarse en aquellos sectores y lugares donde sea necesario.

Sobre las medidas del Gobierno, el responsable de ASAJA se ha mostrado a favor de las propuestas fiscales, si bien ha criticado a los Ministerios de Transición Ecológica, Trabajo y Seguridad Social por «no poner nada» en cuestiones como el lobo, el agua, el salario mínimo y la reforma laboral. «Las prisas no son buenas y hay que mirar más en solucionar los problemas del campo que otras situaciones», ha apuntado Barato, que ha exigido «un cambio de rumbo para hacer una agricultura rentable y sostenible».

De cara a las elecciones europeas de junio, ha expresado su deseo de que «cambie el color verde en el Parlamento Europeo» y que «no se sustituya a Frans Timmermans (que fue vicepresidente de la Comisión Europea y encargado del Pacto Verde Europeo) por la ministra española de Transición Ecológica y Reto Demográfico Teresa Ribera porque (al sector agrario) le va a ir «bastante peor». En España, Barato ha reclamado que «no se hagan trajes a medida» con la próxima ley de representatividad para contentar a Unión de Uniones «por el favor que le ha hecho al Ministerio de Agricultura» y ha exigido «lo que legítimamente corresponde» a ASAJA.

Política comercial.

Para Padilla, la Política Agraria Común (PAC) «no se ajusta» a las necesidades de los agricultores profesionales, pues su última reforma ha tenido «objetivos medioambientales tan acusados que ha hecho imposible su aplicación en muchos casos». También se ha posicionado en contra de la política comercial, puesto que la legislación europea es «la más estricta del mundo» y, sin embargo, «no se exige nada a los productos que entran de terceros países», mientras que ha echado en falta la interlocución con el Ministerio de Transición Ecológica -algo que no considera «muy elegante» por parte del departamento de Teresa Ribera- además de políticas que garanticen el relevo generacional. El secretario general de COAG ha añadido que la Ley de Representatividad Agraria debe ser fruto de «un acuerdo de las tres organizaciones más representativas» o, de lo contrario, de unas elecciones al campo: «O se llega a un acuerdo entre las tres organizaciones más representativas o vamos a elecciones», ha dicho Padilla.

Ramos (UPA) ha destacado el compromiso del Gobierno, plasmado en las 43 medidas propuestas por Luis Planas, para que no decaigan las propuestas europeas de flexibilización de la PAC; el aplazamiento de normativas que afectan a la ganadería y al abonado de los suelos; y la futura financiación adicional en los seguros agrarios, entre otras cuestiones. Ha recordado que España no puede sacar por sí sola hacia adelante la imposición de «cláusulas espejo» comerciales, que deberán abordarse «en las próximas legislaturas», y ha reclamado la implicación de las comunidades autónomas para reforzar los controles relacionados con la Ley de la Cadena Alimentaria. El máximo responsable de UPA ha considerado que la actual Ley de Representatividad Agraria, de 2014, no se puede desarrollar «por haber sido hecha a medida».

Los tres representantes de las organizaciones agrarias han coincidido en defender el modelo de producción europeo y han reclamado un precio digno para sus productos y una legislación que tenga en cuenta su realidad sin imponer tantas limitaciones.