Naciones Unidas reclama al Gobierno de España que tome «todas las medidas necesarias» contra las leyes de concordia que se tramitan en Castilla y León y Valencia, y la aprobada en Aragón, con el fin de que se garantice el estricto respeto «de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos». Así se refleja en un informe de la ONU conocido este viernes que ha sacudido la política nacional y regional, aunque con distinta intensidad entre PP y Vox. Mientras el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, mostró sus sospechas sobre los relatores de Naciones Unidas y  se preguntó «quiénes son los relatores», el presidente Alfonso Fernández Mañueco insistió en que no puede opinar sobre el pronunciamiento de la ONU, puesto que desconoce el documento y explicó que cuando conozcan el documento, lo leerán con detenimiento, y verán «quién ha pedido ese informe a la ONU».

En este sentido, los gobiernos de Aragón y Castilla y León lamentaron que el organismo se haya dejado influir por la información del Gobierno central y no haya pedido opinión a los ejecutivos autonómicos. Un mensaje de la ONU que recibió rápidamente el Gobierno central, cuyo ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, calificó de «demoledor y contundente», e hizo un llamamiento a  «volver al cauce de la libertad y la democracia». De lo contrario, ya avisó Torres, acudirán al Constitucional.

«¿Quiénes son estos señores? ¿Con quién guardan afinidad?, ¿qué saben de la legislación española?, ¿qué saben del contenido real de estas leyes? Porque lo que hemos visto por la prensa ya denota mucho desconocimiento», reaccionó el vicepresidente de Castilla y León y líder regional de Vox, Juan García-Gallardo. Una postura que más tarde fue replicada desde la formación a nivel nacional, que consideraron una «burda estafa publicitaria» la comunicación de la ONU. «Probablemente lo hagan porque les interese llevarse bien con Moncloa después de ver cómo se enriquece todo el entorno del presidente».

Esperar al documento

Más sosegada fue la reacción desde las filas populares, que optaron por esperar a conocer los pormenores del texto, defendieron la legalidad de las normativas y reiteraron su condena al franquismo. «Desconozco el informe, con lo cual no puedo hablar sobre algo que no conozco, ni se nos ha comunicado, ni se nos ha informado, ni se nos ha dicho nada, con lo cual no puedo decir más a este respecto», aseguró por su parte el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. En todo caso, insistió en que en la norma de Castilla y León, en fase de tramitación parlamentaria, no se hace distinción entre víctimas. «No hacemos distinción entre víctimas. Esa es nuestra principal preocupación», y dijo que «también es una prioridad política cuidarlas». Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP), criticó los «errores de bulto» y «bulos» del informe al alegar que en este territorio no se ha aprobado una ley de Concordia, sino un plan «en el que todo el mundo se vea reflejado».

Desde el PSOE no tardaron en exigir «la retirada inmediata de las mal llamadas leyes de concordia» promovidas por el PP y Vox, y consideraron que «no hay lugar para el blanqueamiento del franquismo en España». Desde Ferraz también reclamaron al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aclare si está «con las víctimas o con las leyes de la vergüenza».

Preservar la memoria

El informe de la ONU, redactado a instancias del Gobierno español, recoge una comunicación de los relatores Fabian Salvioli, Aua Baldé y Morris Tidball-Binz. «Las llamadas leyes de concordia podrían transgredir la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos», indican los tres relatores de la ONU, que añaden que las normas «ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica». El organismo señala que las medidas del Gobierno de España deben estar encaminadas a preservar la memoria colectiva ante las «graves violaciones de los derechos humanos» y, en particular, a evitar que surjan tesis revisionistas, al entender que las tres leyes obstaculizarían el derecho a conocer la verdad.

comisión bilateral. Por el momento, la primera decisión del Gobierno de España será convocar «a principios de la próxima semana» al Gobierno de Aragón a una reunión de la Comisión Bilateral para que «se siente a hablar y el texto entre en el respeto de los derechos humanos». «Si no hay acuerdo» el Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional y hará «lo propio» con la Comunidad Valenciana y Castilla y León si las leyes «al final son aprobadas».

Feijóo: «No vamos a olvidar ni la dictadura ni la banda terrorista»

«Para el Partido Popular, los 40 años de Franco han sido una dictadura y ETA ha sido una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes y es nuestro compromiso con la memoria histórica». El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, valoró el informe de la ONU y aseguró que desde la formación popular no van «a olvidar ni la dictadura ni la banda terrorista» ETA. En este sentido reconoció que «lo mejor que se puede hacer» es leer los textos y no dar por aprobadas leyes que «aún no lo están» en estas comunidades. El líder nacional del PP contrastó su postura con la del Ejecutivo socialista, después de que el PSOE acordara con Bildu la Ley de Memoria. «Lamentablemente el Gobierno tiene un compromiso con Bildu. no se puede hablar de banda terrorista. Nosotros, sí». Por su parte, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, afirmó que más allá de cómo se ha fraguado, lo fundamental es que las exhumaciones de los cuerpos que aún siguen en cunetas en España se puedan llevar a cabo. De esta manera, no sólo se responde a las familias de las víctimas, sino que «estamos siendo mejores como sociedad».

El Ejecutivo nacional sale en tromba y promete «plantar cara»

El informe de la ONU sobre las leyes de Concordia provocó una salida en estampida de varios ministros del Gobierno de España para arremeter contra las normativas impulsadas por PP y Vox y prometer «plantar cara» frente a un «retroceso de los derechos». El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el que la ONU zanje que «las leyes de blanqueamiento de la dictadura son indignas de una democracia como España» supone una «vergüenza» para PP y Vox. Mientras, la ministra de Ciencia, Diana Morant, aseguró que la ONU «lo tiene claro» con las leyes de concordia que «no buscan la concordia, sino justo lo contrario, blanquear el franquismo» y «abandonar a las víctimas». En esta línea, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, añadió que «el PP tiene que comprender que la concordia y la victoria son dos cosas distintas» y que la concordia implica reconocer a las víctimas de la dictadura. También se pronunció el ministro de Transportes, Óscar Puente, que reclamó a Alberto Núñez Feijóo que impida la aprobación de las leyes de concordia o que de lo contrario «el Gobierno actuará».