Ley de la Cadena para asegurar la rentabilidad de la actividad agraria en origen, políticas de comercio exterior para defender las producciones propias y para abrir nuevos mercados, Plan Estratégico para aplicar la Política Agrícola Común, las 43 medidas de apoyo para el sector, seguros agrarios con recursos financieros y coberturas suficientes… Todos estos factores han constituido algunos de los ejes más importantes en los debates en materia de política agraria durante este ejercicio que está apunto de finalizar. Agricultura tiene en marcha la elaboración, para su remisión a Bruselas, de un documento en base a las demandas de las comunidades autónomas sobre flexibilidad y simplificación del Plan Estratégico de la PAC. Y, en política nacional, se va a cerrar un balance sobre la aplicación de las 43 medidas de apoyo al campo suscritas inicialmente por UPA, Unión de Uniones y Cooperativas Agroalimentarias.

Sin embargo, al margen y además de todo ese amplio conjunto de actuaciones necesarias, un denominador común de la Administración en el sector ha sido el interés y la preocupación por el relevo generacional y el rejuvenecimiento de los activos en el campo, tema no resuelto.

Hay razones para ello. Y no solo por la actividad agraria en sí, sino por lo que una mayor despoblación puede suponer para el futuro del mundo rural, donde al margen de la importancia del turismo o la gastronomía, la vida en los pueblos se basa en una agricultura y una ganadería rentables con lo que ello supone para la fijación de una población estable que además mantiene el territorio. El agricultor o ganadero, para vivir en el medio, necesita además disponer de los servicios básicos, apoyos a futuro, como la educación de los hijos, la seguridad personal o la atención sanitaria.

De acuerdo con los datos contenidos en el último censo agrario, entre otras grandes cifras destaca el hecho de que en 2020 existían en España 915.000 explotaciones sobre el papel, con una reducción del 7,6% respecto al censo anterior. Crece el número de explotaciones más grandes por compras o arrendamientos y se reduce el número de las más pequeñas, lo cual es un dato positivo. El 41% de los jefes de explotación, fueran o no titulares de la mismas, tenían más de 65 años y solo un 8% tenían edades inferiores a los 40 años. Este colectivo de profesionales de edad avanzada se concentraba en las explotaciones de menores dimensiones en superficie y en rendimientos económicos, al suponer solo el 27% de la superficie y el 20% en términos económicos. Por el contrario, los jóvenes operaban mayoritariamente en explotaciones más dimensionadas.

Frente al progresivo envejecimiento de los activos agrarios, las políticas para el relevo generacional han sido una constante en los años precedentes. Sin embargo, a la vista de los resultados -la incorporación de unos 16.000 jóvenes-, la impresión es que han sido muy insuficientes para el volumen del problema, tanto desde la perspectiva de los apoyos financieros como por lo que se refiere a otros problemas ligados al uso y la propiedad de la tierra, las políticas de arrendamientos u otras alternativas.

En este contexto, el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas celebraron su última Conferencia Sectorial sobre el relevo generacional y el rejuvenecimiento de los activos agrarios. Uno de los compromisos adquiridos fue la elaboración de un catálogo sobre posibles medidas encaminadas a lograr un cambio en la dinámica de envejecimiento de los profesionales del campo. De entrada, Agricultura contempla también actuar con una nueva Ley sobre la Agricultura Familiar con los mismos objetivos de facilitar la permanencia en el campo de los más jóvenes y, entre otros retos, evitar la permanente división y subdivisión de las explotaciones que amenazan también una actividad más viable.

En el marco de esos debates, y a iniciativa de Agricultura, se celebró igualmente el denominado Foro Jóvenes para analizar el actual contexto donde se tiene que mover ese colectivo a la hora de apostar y desarrollar la actividad agraria.

Acceso a la tierra

Desde la perspectiva del acceso a la tierra, los jóvenes entienden que hay, al menos, cinco factores que dificultan la movilización de la misma: el mayor coste de las superficies de más calidad para el cultivo; aspectos socioeconómicos y de apego a la retirada de los propietarios de edad; limitaciones físicas por unas estructuras muy minifundistas; los altos niveles de protección medioambiental en muchos territorios; o el cambio climático, que no permite seguir con los cultivos tradicionales.

Frente a esa situación, se plantea la necesidad de más debates sobre los bancos de tierras y bancos de explotaciones, sobre una gestión colectiva de la tierra, las producciones ecológicas y la necesidad de movilizar recursos ociosos, bien de carácter público o bien privado.

Por otra parte, desde una perspectiva financiera se considera necesaria una revisión de los instrumentos puestos ya en marcha desde el Ministerio de Agricultura y el ICO, y de las actividades y competencias de la sociedad de gestión Saeca, instrumentos que se complementan con las diferentes actuaciones desde algunas entidades financieras como la línea Agro de Santander, Agrobank etc. En esta dirección, se reivindica que no haya un solo agricultor joven que no se pueda incorporar a la actividad por falta de soportes financieros o por la petición de avales excesivos. Por ese mismo motivo se reclama ampliar el periodo de cinco años para ser joven agricultor y seguir con la ayuda hasta que se consolide en el negocio; que las exigencias en cuanto a UTAs sean diferentes en función de cada realidad agraria y de cada territorio; que los jóvenes que se incorporen sin ayudas tengan un complemento a la renta; que Hacienda flexibilice la tributación de los planes de incorporación, una carga, a veces imposible para los jóvenes; que las cuotas a la Seguridad Social sean más bajas no solo en los primeros cinco años; y, finalmente, que se mantengan los servicios de asesoramiento, disminuya la burocracia y se agilicen los pagos de las ayudas.

A un campo más envejecido, se necesitan nuevas respuestas desde los intereses de la producción agraria y del territorio.