El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha perdido los últimos agarraderos que el quedaban para no rendir cuentas ante la justicia española, tras ser denegado su recurso por la pérdida de la inmunidad parlamentaria como eurodiputado, con el añadido de que todas las gestiones realizadas por el Parlamento Europeo en esa dirección han sido avaladas por los jueces del Tribunal General de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, porque fueron realizadas con total imparcialidad, y en ningún caso puede considerarse víctima de una persecución política por sus ideas. Como la sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, al líder del 'procés' y al consejero Toni Comín que le acompaña, además de Clara Ponsatí, todavía disponen de una última oportunidad para permanecer en libertad, aunque cada vez más sus movimientos quedan restringidos al entorno de Waterloo, y eso porque la justicia belga es la mejor aliada de los nacionalistas e independentistas españoles.

Si en algún momento Carles Puigdemont pensó que podría volver a España amparado por la inmunidad parlamentaria, reunirse con sus correligionarios, pasear por los escenarios de su vida personal y política, y de paso originar un conflicto político al Gobierno de magnitud desconocida, ya puede olvidar su sueño, porque en el momento en que abandone Bélgica podría ser detenido y sin ninguna duda en el caso de que pusiera un pie en España.

Corresponde ahora al Tribunal Supremo, al juez Manuel Llarena, tras el respaldo que ha recibido de la justicia europea, en su empeño por defender la competencia del Supremo para enjuiciar el `procés' y conseguir el suplicatorio, reactivar las euroórdenes para la detención y entrega a España de los tres prófugos. Si la justicia belga, desechó la posibilidad de su extradición desde el primer momento y la alemana consideró que no podía entregarle por el delito de sedición, sino solo por el de malversación y desobediencia, con la modificación del Código Penal que suprimió el delito de sedición y la reforma de la malversación, ya no hay ningún motivo para que no sea entregado. Llarena ya asume que Puigdemont sea juzgado por malversación agravada -penada con hasta doce años de cárcel- y la justicia belga ya ha recibido un toque de atención de las instituciones europeas para que deje de entorpecer la aplicación de una orden europea de busca y captura, si Llarena la vuelve a solicitar.

Puigdemont ha perdido una batalla muy relevante después de que en cuatro ocasiones la justicia española no hubiera conseguido lograr su extradición, pero le queda el recurso al TJUE que se demorará al menos hasta entrado el próximo año, por lo que los jueces de otros países que visite pueden decidir esperar a la sentencia firme sobre su inmunidad. Para entonces la legislatura del Parlamento Europeo estará a punto de terminar y la confluencia de ambas cuestiones, el fin de la vía judicial y la política, abrirá un nuevo escenario. Si el PP gana las elecciones del 23-J y cumple con una de sus propuestas electorales, la de que los prófugos de la justicia y los condenados por terrorismo no puedan presentarse en las candidaturas electorales, Puigdemont perderá otro de los asideros que ha utilizado para condicionar la política nacional desde Waterloo.