La presión no para de subir en la olla del Gobierno que lidera Pedro Sánchez, y sus pactos con el independentismo se están convirtiendo cada vez más en un bocado difícil de digerir. Tanto que, un trámite parlamentario que se daba por hecho, la aprobación de su proyecto de ley de amnistía en el Pleno de la Cámara Baja esta misma semana, paso previo a la continuidad de la tramitación de la norma en el Senado, quedó finalmente paralizado.

Habrá que esperar entre 15 días y un mes, en función del plazo que acabe fijando la Mesa del Congreso, para ver si la medida de gracia para los implicados en el procés acaba salvándose con su redacción actual o, si por el contrario, como exige Junts, asume cambios que permitan su implantación «inmediata e integral».

Los de Carles Puigdemont dispondrán de este tiempo para tratar de imponer sus condiciones al PSOE y conseguir con ello blindar la ley, después de unas últimas resoluciones judiciales que ponen en el foco al expresidente prófugo y otros dirigentes soberanistas por causas como Tsunami o la conocida como trama rusa. 

Frente a ellos tendrán a los socialistas, que sí cuentan con el apoyo del resto de aliados de investidura (Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG) a su texto de la amnistía. Todos consideran «inverosímil» el rechazo in extremis de Junts. Si bien es cierto, los republicanos, antiguos socios en el Govern de la formación exconvergente, no se sorprendieron tanto y criticaron su permanente empeño por sacar el mayor rédito político de la situación.

Con todo, salvar la medida de gracia a los implicados en el procés no será, en un futuro inmediato, la única preocupación del Gobierno de Sánchez. Un Ejecutivo que encara la continuidad de la legislatura con máxima incertidumbre, presionado por las constantes amenazas de sus socios catalanes. 

Los de Puigdemont no quieren bajo ningún concepto que el que fuera líder de la Generalitat, y actual comandante en jefe oficiosamente del partido, pueda quedarse fuera de la amnistía. Es una prioridad su retorno a España sin cargas de inhabilitación. Y así lo pelearán ante un PSOE que se sabe también atado por los límites constitucionales y que cada vez está más en el punto de mira de la Justicia europea, por las denuncias del PP sobre la ilegalidad de sus pactos.

Hasta que las piezas del puzle encajen y quede claro si Sánchez es capaz de resistir, una vez más, este envite, las claves de la ley acordada con sus aliados soberanistas esconden la clave de lo que le deparará el futuro a su Gabinete.

¿Qué cambios se han pactado hasta ahora?

Una de las principales modificaciones acordada entre el PSOE y Junts en la Comisión de Justicia del Congreso delimita los delitos de terrorismo que no pueden ser amnistiados: aquellos que «de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos», en particular los actos incluidos en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que hablan del derecho a la vida y la prohibición de la tortura.

Otro de los cambios afecta de lleno a la aplicación de la amnistía, ya que obligará a los jueces a levantar «de inmediato» las medidas cautelares y las órdenes de búsqueda, captura y de detención dictadas en el marco del procés aunque el procedimiento penal esté en el aire «por cualquier causa», como la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o ante el Constitucional.

¿Qué papel juega el terrorismo?

Las principales enmiendas que mantienen los de Puigdemont y ERC buscan que se puedan amnistiar todos los delitos de terrorismo cometidos en el marco del procés, objetivo que comparte el PNV. Quieren que el paraguas del perdón acabe con causas que se siguen en la Audiencia Nacional, como el caso Tsunami, donde el juez Manuel García-Castellón investiga por delitos de terrorismo al expresidente prófugo y a la líder republicana Marta Rovira y la posible relación entre las protestas de 2019 en Cataluña y la muerte por un paro cardíaco de un ciudadano francés en el aeropuerto del Prat.

Además, Junts y el PNV plantean una enmienda conjunta para que la amnistía cubra también delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado.

Esta pasada semana, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, dictó un auto en el marco de la trama rusa o caso Volhov en el que considera que Puigdemont y su entorno mantuvieron «estrechas relaciones personales» con políticos de la extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, dispuesta a apoyar «económica y militarmente» la independencia de Cataluña.

¿Cuáles son las claves del perdón al procés?

La norma fue registrada por el grupo socialista el pasado noviembre y ya entonces los partidos catalanes aliados en la investidura advirtieron que era necesario mejorar el texto. La proposición de ley orgánica de «amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña» borra los delitos relacionados con el proceso independentistas entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, anulando toda «responsabilidad penal, administrativa y contable». No obstante, Junts quiere que comience a aplicarse dos meses antes para que entren las causas que afectan al personal de la consejeria catalana de Exteriores y que se siguen en el Tribunal de Cuentas.

¿Qué pasará con Puigdemont?

El dirigente de Junts, actualmente titular de un escaño en el Parlamento europeo, se encuentra fugado de España desde 2017 y se convertiría en uno de los principales beneficiados de la ley amnistía, que determina el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesan sobre los implicados en el procés. En situación similar se encontrarían el exconsejero y ahora también eurodiputado Toni Comin y la mencionada secretaria general de ERC (Rovira), que huyó a Suiza.