El Comisionado de Transparencia de Castilla y León ha registrado en las Cortes Autonómicas la memoria correspondiente al año 2023, que se presentará ante la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común en las próximas semanas. En el octavo año de funcionamiento de la entidad se presentaron 517 reclamaciones, frente a las 794 reclamaciones de 2022, y se emitieron 497 resoluciones -el año anterior fueron 262-.
Del total de reclamaciones, 271 tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales (un 52,42 por ciento), de las cuales 219 correspondieron a ayuntamientos, 34 a entidades locales menores y 18 a diputaciones provinciales. La institución destaca que 64 de las dirigidas frente a entidades locales las presentaron cargos representativos de las mismas. Además, del total 50 fueron formuladas por concejales de ayuntamientos y 14 por vocales de juntas vecinales. En cambio, 202 reclamaciones se presentaron frente a la Administración General autonómica.
Ausencia de respuesta
En el 75 por ciento de los casos de las reclamaciones presentadas por ciudadanos que no desempeñaban un cargo local, su causa fue la ausencia de respuesta a las peticiones de información realizadas ante las propias administraciones, elevándose este porcentaje al 88 por ciento en las interpuestas por cargos representativos locale. Por lo tanto, todavía más de ocho de cada diez tuvieron su origen en una falta de respuesta previa de la administración correspondiente.
En el caso de las reclamaciones presentadas frente a denegaciones expresas de la información solicitada a las administraciones correspondientes, los motivos argüidos por éstas de forma más frecuente para no proporcionarla fue la falta de disposición de la información por el órgano destinatario de la solicitud, el carácter repetitivo o abusivo de la petición, la necesidad de reelaborar la información solicitada y la protección de datos personales.
Seis fueron las materias dieron lugar a un mayor número de impugnaciones ante la Comisión de Transparencia el pasado año: empleo público, la protección del medio ambiente, la información sobre contratación, el urbanismo, la vivienda y las obras públicas.
El Procurador del Común subraya que el 60 por ciento de las reclamaciones fueron presentadas a través de la sede electrónica de la Comisión y casi un 11 por ciento se remitieron por correo electrónico; todo en el que se produjeron cambios en la página web con la finalidad de hacerla más accesible para todos los ciudadanos, con especial atención a las personas con discapacidad.