Podría decirse aquello de que fue bonito mientras duró, o qué poco dura la alegría en la casa del pobre. Pero apenas 24 horas después de que se firmara el acuerdo para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial comienzan las discrepancias sobre la interpretación de lo firmado o su alcance en el asunto fundamental del caso, la elección de los vocales del CGPJ en la próxima ocasión, dada que en esta se realizará por el actual procedimiento que viene de la reforma de 1985.
El texto firmado habla de la "participación directa" de los jueces en la elección de los vocales, pero también de que esa propuesta tendrá que ser presentada por los vocales que se elijan en los próximos días, si es que no se frustra el acuerdo antes de ponerse en marcha, que tendrá que ser aprobada por las tres quintas partes de los vocales –trece- y posteriormente aprobada por las Cortes también por mayoría cualificada.
Lo que el PP entiende por participación directa es que los jueces eligen a los jueces, una suerte de elección corporativista que dejará en manos del sector conservador de la judicatura el órgano de gobierno de los jueces por los tiempos de los tiempos. Para El PSOE la misma expresión significa que ya los jueces eligen entre una lista los compañeros que proponen para su elección por el Congreso y el Senado, que es donde reside la soberanía y la representación de la ciudadanía y de donde debe derivar la composición del órgano de gobierno de los jueces.
La discrepancia supone, en primer lugar que los próximos vocales, diez a diez en reparto equitativo entre el PSPE y el PP, tendrán que interpretar que significa la expresión "participación directa", que ha sido precisamente la pista de aterrizaje para que el PP firmara el acuerdo, y que al mismo tiempo es la línea roja que el PSOE no está dispuesto a franquear en ningún caso. Los propios firmantes del acuerdo, el ministro Bolaños y el dirigente popular González Pons no se ponen de acuerdo sobre el alcance de la expresión y no es comprensible que tras meses de negociación, acelerada en los últimos días con la mediación de Bruselas surja la discrepancia sobre el asunto medular de la renovación, porque otras referencias a la despolitización y las puertas giratorias están claras y acordadas desde hace dos años. O alguien miente, o alguien engaña y pretende engañar o están jugando con las expectativas y lanzando mensajes para consumo interno de sus parroquias, lo que no hace sino aumentar la desconfianza mutua, o están disimulando. En segundo lugar, si el texto del acuerdo da un plazo de seis meses a los futuros vocales para que presenten una propuesta tras analizar los sistemas de elección de nuestro entorno –muy variopintos y para todos los gustos partidistas- habrá que cumplir esa parte del pacto y dejarles trabajar, pero las declaraciones de Feijóo sobre que el PSOE ha aceptado por escrito que los jueces elijan a los jueces marca el camino y el territorio a los vocales de adscripción al PP. Pero al aceptarse la mayoría cualificada para el sistema de elección, el asunto podrá dilatarse sine die si no hay deserciones en alguno de los dos bloques. Lo importante, por el momento, es que el futuro CGPJ cubra las vacantes en los altos tribunales, casi un centenar.
Feijóo ha salido indemne de esta negociación con el PSPE y practica la política del palo y la zanahoria porque se aviene a seguir negociando la renovación de otros órganos institucionales, en la cuota que le corresponde. Porque de eso se trata, de cuotas.