El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), sorprendió este viernes planteando eliminar todos los pisos turísticos de la ciudad de Barcelona –más de diez mil– en cuatro años, sobre todo teniendo en cuenta que gobierna el plenario en minoría, y que es una medida lo suficientemente voraz como para verse en la necesidad de encontrar consenso con la mayor parte de grupos políticos para tomar la decisión más acertada posible en un asunto de este calado.
Desde luego, le eclosión desde la pandemia a este tiempo de las Viviendas de Uso Turístico en todo el territorio nacional, está generando una situación de desconcierto en el sector turístico, que no conviene irritar ya que supone un pilar fundamental del motor de desarrollo del país, por el empleo que genera y la actividad económica que supone.
Noticias de este calado generan inseguridad y desconfianza entre los muchos pequeños inversores que pudieran estar barajando profundizar en este modelo de negocio, y sería deseable que se marcara una estrategia común entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, que tienen delegada la competencia turística, para desarrollar un marco legislativo claro, que no dinamite los intereses del sector hotelero –primordial en el país–, y que permita la convivencia con un modelo que, no hay que olvidarlo, ha venido para quedarse, no solo en España, sino en todo el mundo. El marco regulatorio debe hacer frente y ser cuidadoso y claro en cómo afrontar la competencia desleal, los riesgos de seguridad para los usuarios o la trasparencia fiscal, entre otras cuestiones. Será la manera de que los modelos convivan.
Las ciudades, sobre todo las grandes, tienen un problema de vivienda, especialmente para los jóvenes, a quienes les resulta inaccesible por la carestía que arrastra. En parte, este problema se ha rearmado en oportunidad para muchos propietarios que han decidido convertir sus propiedades en apartamentos turísticos, donde encuentran mayor rentabilidad. Sin embargo, anular todas las licencias de este tipo de negocios de un plumazo sólo va a conseguir aumentar un mercado negro, en el que la economía sumergida puede encontrar un filón si no se aplican mecanismos de control eficientes, y no va a solucionar las dificultades de los ciudadanos a encontrar una vivienda asequible. El problema es real, y tiene muchas extensiones. A la escasez de vivienda a un precio razonable se le suma el vaciado de zonas turísticas en algunas ciudades, provocado por una fobia al turismo, lo que está cambiando la fisonomía e idiosincrasia de algunos lugares. Por eso, y porque es imprescindible asegurar la convivencia de residentes, turistas y usuarios de viviendas vacacionales, la necesidad de hallar soluciones se vuelve aún más urgente.