El Congreso recoge en su reglamento la posibilidad de dar permiso a sus señorías para desempeñar otras funciones, más allá de las que se entiende asumen como parlamentarios; una opción que, lejos de ser excepcional, cada vez cuenta con más solicitudes. Así, la Cámara Baja acaba de aprobar la primera tanda de autorizaciones para que los diputados puedan compaginar el escaño con otras tareas, tanto políticas -cargos en sus partidos o en instituciones (16 alcaldes y 51 concejales)-, como privadas (abogacía, docencia, participación en sociedades, producciones literarias, charlas o tertulias). Podrán hacerlo siempre que no cobren del sector público ni afecte a sus obligaciones parlamentarias.
El primer dictamen aprobado por la Comisión del Estatuto del Diputado en esta legislatura concede estos avales a 268 miembros de la Cámara, el 76 por ciento del total de los 350 diputados. No obstante, el informe, que debe ser ratificado por el Pleno, incluye autorizaciones a personas que ya han dejado el escaño por haber pasado a otras responsabilidades como el director de Gabinete de Presidencia del Gobierno, Óscar López, o su número dos, Antonio Hernando.
Solo 31 parlamentarios no han declarado ninguna actividad al margen del Congreso, de los que 12 son del PP: la vicepresidenta cuarta de la Mesa, Marta González; el secretario tercero, Guillermo Mariscal; Carlos Aragonés, Bella Verano, Pablo Pérez Coronado, Cristina Teniente, Mercedes Fernández Cherines, Ricardo Tarno, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas, Sandra Moneo y Sandra Pascual.
También hay cuatro del PSOE (Susana Sumelzo, José Zaragoza, Ramón Gómez Besteiro y Antonio Hernando), tres de Vox (su portavoz Pepa Rodríguez de Millán, Alberto Asarta y Tomás Fernández Ríos) y dos de Sumar (Nahuel González y Eloi Badia).
En el PNV y Bildu, casi ninguno de sus diputados declara actividades ajenas al escaño: cuatro de los cinco en el partido jeltzale -su portavoz, Aitor Esteban, Mikel Legarda, Joseba Agirretxea y Begoña Sagastizabal-, y cuatro de los seis de la formación abertzale-Mertxe Aizpurua, Jon Iñarritu, Iñaki Ruiz de Pinedo y Bel Pozueta-. Los demás son la exconsellera de ERC Teresa Jordà y el único diputado de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán.
A quienes no consignan función alguna se une otra docena que comunican que han cesado en sus labores anteriores y ya no tienen otras. Aquí figuran, del PP, Marta Varela, que hasta agosto fue directora de Gabinete de Alberto Núñez Feijóo; María Eugenia Carballedo y Pedro Ruiz Abrines, que eran diputados en la Asamblea de Madrid; Joan Mesquida, que dirigía un hotel, o Juan Antonio Rojas, que cogió una excedencia de su puesto de capitán en una naviera.
La socialista Blanca Cercas renunció a su pensión de jubilación, mientras que su compañera María Adrio dejó la abogacía. También abandonaron sus trabajos la vicepresidenta tercera del Congreso, Esther Gil, y Lander Martínez, de Sumar. De su lado, Isidre Gavín, de Junts, está en excedencia forzosa de su cargo de director de negocio en la empresa pública Cimalsa.
Cargos públicos
El Congreso ha concedido, asimismo, la compatibilidad a 16 diputados para mantener sus Alcaldías: nueve del PP, seis del PSOE, y uno de Junts. También podrán compaginar sus actas nacionales con las municipales otras 51 personas (20 populares, otros tantos socialistas, cinco de Vox, dos de ERC, uno de Sumar, uno del PNV, otro de Bildu y uno más de CC.
Se les da permiso siempre que sus labores municipales no menoscaben «el régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias». La mayoría declara que percibirá solo dietas por asistir a plenos, aunque hay cuatro que han renunciado a esas indemnizaciones: los socialistas Begoña Nasarre, alcaldesa de Alcolea de Cinca (Huesca), Herminio Rufino Sancho, alcalde de Mezquita de Jarque (Teruel) y Sergio Gutiérrez, edil en Escalona (Toledo); y Macarena Lorente, del PP, que es concejala en Rota (Cádiz).
De su lado, los populares Tomás Cabezón, alcalde de Castilfrío de Sierra (Soria) y Carlos Gil Santiago, alcalde de Benavites (Valencia); el socialista Manuel Arribas, alcalde de Sanchidrián (Ávila); la edil de Bildu en Errigoiti (Vizcaya) Marije Fullaondo, y Vicenç Vidal, de Sumar, edil de Esporles (Baleares) dicen que no perciben ninguna remuneración, pero no especifican nada sobre las indemnizaciones. Por su parte, Socorro Cuesta, alcaldesa de Espirdo (Segovia) no da ningún detalle sobre este aspecto.
Respecto a los cargos políticos, en el PP cobran gastos de representación Feijóo, Cuca Gamarra, Elías Bendodo, Miguel Tellado, Carmen Fúnez y Carmen Navarro, mientras que Juan Bravo habla de «retribución». Sí cobran por sus cargos en Vox, su vicepresidente Javier Ortega Smith y sus vicesecretarios.